Es muy grave lo acontecido ayer en varias ciudades, particularmente en Bogotá, a propósito de las manifestaciones y marchas de los estudiantes, quienes reclaman del Estado el fortalecimiento financiero de la universidad pública: violencia, ataques a la Policía, al transporte público, a medios de comunicación, bloqueos, disturbios, colapso de la movilidad, personas lesionadas, desorden y enfrentamientos.

Conviene reiterar el texto del artículo 37 de la Constitución Política, que señala: "Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho".

Por su parte, el artículo 95 de la Carta establece que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica responsabilidades, a lo cual agrega que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes y que el primer deber del ciudadano consiste en  respetar los derechos ajenos -por ejemplo, ayer en Bogotá, los de los transeúntes- y en no abusar de los propios; en respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, y en propender al logro y mantenimiento de la paz.

Desde luego, no se puede responsabilizar  de buenas a primeras, por lo ocurrido, a todos los estudiantes, ni a los organizadores de las marchas, que según entendemos fueron convocadas para llevarlas a cabo de manera pacífica, con solicitudes legítimas.

Los estudiantes que reclaman pacíficamente deben ser escuchados por el Gobierno, pero quienes perpetraron los bloqueos y los actos de violencia -probablemente infiltrados- deben ser identificados, detenidos, procesados y sancionados, sobre la base de establecer su responsabilidad en los hechos.

No se puede permitir que la violencia haga que los derechos sean aprovechados para generar el caos.