No sin cierta tristeza, hemos de reconocer que - infortunadamente -, en los últimos tres o cuatro años, la Corte Constitucional - cuyo prestigio a nivel nacional e internacional fue grande desde 1992 - , como guardiana y defensora de la Constitución de 1991, de los derechos, las garantías, los deberes y los límites democráticos al ejercicio del poder, ha venido perdiendo respetabilidad y credibilidad. Así lo hemos podido palpar en nuestras visitas de carácter académico a distintas ciudades del país. Tanto entre los estudiantes y profesores de Derecho como entre los propios jueces y magistrados de los tribunales como en la ciudadanía.
Nos preguntaba un estudiante en la ciudad de Cali, a raíz de nuestra charla sobre las diferencias entre legalidad y legitimidad, si ésta última se ha perdido en Colombia por parte de la Corte Constitucional, a la cual él, como compañeros suyos, miraba ahora con desconfianza. Manifestó que, en defensa de la Constitución, habían presentado varias demandas de inconstitucionalidad bajo la orientación de excelentes profesores, contra normas legales abiertamente contrarias a la Constitución, y que todas habían sido inadmitidas por supuesta falta de requisitos técnicos de los que han inventado los magistrados de la Corte y que no están enunciados ni en la Constitución, ni en la ley. Y dijo que, en cambio, se profieren sentencias contra las consultas populares, la protección al trabajo en los casos de mujeres embarazadas o la responsabilidad penal de antiguos guerrilleros que violaron niños, niñas y adolescentes.
Mi respuesta, que ahora reitero, fue la siguiente: en el Estado de Derecho no se debería afectar, en principio, la legitimidad de las instituciones, pero, para que ello sea así, quienes ejercen las funciones públicas deben actuar de modo que, con sus decisiones, preserven los valores fundamentales, el imperio del Derecho y la intangibilidad de las normas superiores. Cuando se apartan de ese camino y comienzan a obrar y a resolver contra la Constitución y el interés colectivo, quebrantan el Estado de Derecho, y pueden ir perdiendo esa legitimidad, al socavarla poco a poco. Es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años por causa de infortunadas decisiones de algunos magistrados y magistradas de la Corte Constitucional. No solamente las que señalaba el estudiante sino las relativas a las reformas sobre el denominado equilibrio de poderes, las referentes al Fast Track y a los acuerdos de paz, a la Jep y al consumo de alcohol estupefacientes en lugares públicos, contra expresa norma prohibitiva de la propia Constitución. Han sido decisiones contrarias a la Constitución y a sus esenciales postulados, y han implicado desprestigio y pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía.
Es preciso que la propia Corte se recupere, y eso solamente se logra con decisiones justas, equilibradas, en Derecho, y bien formuladas.
Hacemos votos porque esa recuperación sea pronta y efectiva, en bien de las instituciones democráticas.
