"El éxito de relaciones entre EEUU y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basado en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses", ha señalado el Embajador norteamericano en Bogotá, Phillip Goldberg.  

A lo dicho por el diplomático estadounidense se agrega que, según algunos medios de comunicación colombianos, no solo se trata de políticos -de uno y otro extremo de nuestra interminable y perjudicial polarización-, sino de funcionarios públicos. Si éstos lo han hecho sin consultar a sus superiores, estarían actuando indebidamente, y si hubo autorización, sería muy grave. 

Algunos han opinado que los Estados Unidos no tiene autoridad moral para reclamar ese respeto de Colombia, pues en el pasado han intervenido en nuestra política interna. A lo cual se debe responder que, si ha sido así, ello no nos autoriza para hacer lo mismo, toda vez que lo indebido es indebido, sin que sea excusa tal sindicación. Ni Colombia, ni su Gobierno, ni sus funcionarios, ni sus políticos deben tomar partido en esas, ni en otras elecciones, de ningún país. No debe nuestro país romper su tradición de respeto hacia el Derecho Internacional y a la autodeterminación de los pueblos. 

Debo reiterar lo escrito en esta misma columna días antes de la declaración del Embajador: 

“Un postulado insustituible, cuya vigencia es necesaria para la pacífica convivencia en el seno de la comunidad internacional, como los expresan declaraciones Tratados y declaraciones de Derechos Humanos.  

(…) 

Aunque la actual denominación del principio de Derecho Internacional no existía, el concepto plasmado en las declaraciones de independencia y en las primeras constituciones era el mismo: la plena libertad en el ejercicio de la soberanía, sin injerencia ni gestión de otros estados.  

En cuanto a procesos electorales, aunque puede haber observación imparcial de los mismos con la anuencia del respectivo Estado, debe ser respetada la soberanía. En tal sentido, así como Colombia no puede aceptar la intervención de potencias extranjeras, tampoco debe tomar partido en procesos de otros estados”.   

Todo esto debe ser tenido en cuenta por el Presidente de la República y la Canciller, para que impidan -y, en su caso, sancionen- que haya funcionarios involucrados en esas gestiones, tomando partido por uno u otro candidato. Y, desde luego, por las colectividades políticas, con el mismo propósito de imparcialidad. Otra cosa es que, sin haber intervenido, informemos o comentemos después -en ejercicio de las libertades o en la Academia- lo hechos políticos, como acaba de ocurrir, por ejemplo, respecto a la decisión del pueblo chileno sobre su Constitución. 

Bastantes problemas tenemos en Colombia, que deben ser atendidos con urgencia y diligencia, para que a ellos agreguemos nuestra injerencia en problemas políticos foráneos.

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