Vale la pena examinar esos conceptos con sentido objetivo y razonable. Se trata de la palabra presidencial, que está llamada a orientar a la sociedad colombiana; a liderar y estimular la pacífica convivencia, la debida aplicación de las normas jurídicas y el acatamiento que personas e instituciones debemos al Derecho, para alcanzar -como dice el preámbulo constitucional- un orden jurídico, económico y social justo. 

La palabra presidencial debe ser mirada con respeto, pero sin perjuicio de la crítica, a la que todos tenemos derecho en un sistema democrático. 

En los aludidos renglones hay afirmaciones que compartimos enteramente, y otras de las que respetuosamente nos distanciamos. 

La Policía Nacional, esa institución de naturaleza civil cuyo fin -siguiendo los lineamientos que traza el artículo 218 de la Carta Política- consiste en el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, resulta esencial para el país; merece apoyo, respeto, consideración y reconocimiento. Sin un cuerpo de policía -organizado y activo, como siempre lo ha sido el colombiano-, guardián del orden público, de la ley y de las garantías constitucionales, es prácticamente imposible una sociedad civilizada. Ella ha sido para Colombia un invaluable soporte de una comunidad democrática y libre. En eso estamos de acuerdo con el Presidente. 

Pero, en cambio, debemos disentir de su expresión según la cual hay abusos intolerables y abusos minúsculos. El abuso, en cualquiera de sus formas, es ilegítimo e intolerable. Incompatible con el Derecho y con la genuina autoridad. Un abuso de autoridad nunca es minúsculo, en especial si cuesta vidas, y no se justifica por las buenas acciones. El Estado no puede cohonestar, ni ocultar los abusos de sus agentes, y debe responder por ellos. Como dice la Constitución, podrá ser condenado por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades, las cuales están instituidas, no para atacar, sino para proteger a todas las personas, ante todo en su vida y en el pacífico ejercicio de sus derechos. Por tanto, deben inspirar confianza, no miedo; aceptación, no rechazo; solidaridad, no animadversión. 

Si, como ha venido sucediendo, el abuso se repite en muchos casos, algo muy grave pasa, y tiene que ser verificado de manera estricta, no disimulado. Además de las investigaciones y sanciones individuales, las irregularidades generalizadas exigen corrección y ajuste. Para eso es la ley y esa es la tarea de la organización institucional.  

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