Es deber de un Estado Social de Derecho, la protección de la vida, no sólo por mandato supremo del pueblo, sino en obediencia a los tratados internacionales.
Interrumpir un embarazo de manera premeditada con el apoyo del Estado, convierte a Colombia en un País criminal, violento y sin el debido respeto hacia la norma de normas.
La Corte Constitucional, ha cometido un grave error, pues en lugar de proteger las garantías constitucionales, está avalando de manera general una práctica que no salvaguarda ningún derecho contemplado. Es muy simple comprender que el aborto no es un derecho, es un crimen.
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