-Los gobernantes y altos dignatarios -del Gobierno y organismos de control- deben preservar su imparcialidad política. Son servidores públicos y, por tanto, están al servicio de la sociedad entera, no de un determinado partido o movimiento.  

En especial el presidente de la República -quien, según la Constitución, encarna la unidad nacional y debe velar por los derechos y garantías de todos los colombianos- no está llamado a interferir el proceso electoral, descendiendo a la arena política para entrar en debates, controversias y enfrentamientos con los candidatos presidenciales. Es a ellos a quienes toca exponer ante el electorado lo que piensan y proponen. No es el jefe del Estado el llamado a descalificar ni apoyar proyectos o programas, pues ha de dar ejemplo de equilibrio, imparcialidad y transparencia, garantizando -sin inclinar la balanza- la plena libertad de todos. 

-Como quedó claro tras la estrepitosa caída de la norma que suspendió inconstitucionalmente la Ley Estatutaria de Garantías, no está bien que el Gobierno Nacional y quienes lo apoyan en el Congreso aprovechen la expedición de leyes como la anual de presupuesto para modificar las reglas de juego y sembrar desconfianza en la transparencia de un proceso electoral en curso, cuando, por el contrario, la debe asegurar. 

-Las campañas políticas, tanto para elecciones uninominales como de corporaciones públicas, deben ser adelantadas con ética y lealtad. Hay que respetar al contrario, sin perjuicio de plantear las discrepancias frente a sus ideas y propuestas, o de subrayar sus contradicciones. Sin el ataque vil, sin la trampa, sin la amenaza, sin la falsedad, sin ofender, injuriar o calumniar a la persona o a su familia. No todo vale en la política. 

-Algunos medios de comunicación, así como algunos periodistas, deberían evaluar cuál fue su papel a lo largo del proceso electoral. Cabe examinar, a plena conciencia y con sinceridad, si lo desempeñaron con un mínimo de ética y con la responsabilidad social que les exige su función.  

Los comunicadores son muy importantes en una sociedad democrática, y no pueden olvidar que, en desarrollo de su actividad, están obligados -ética y jurídicamente- a entregar al público una información objetiva y no manipulada, sin engaños, ni falsedad. Como ha subrayado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, el derecho fundamental a la información no solamente cobija al sujeto activo -que la suministra y difunde-, sino que es de doble vía, lo cual significa que los receptores tienen derecho -también fundamental- a exigirla y recibirla veraz e imparcial.  

Si bien existe plena libertad para que cualquier partido, movimiento o campaña tenga sus propios medios, el público tiene derecho a identificarlos como tales, con pleno conocimiento acerca del origen de lo que lee, ve o escucha. Un medio -o unos comunicadores- no deben presentarse como independientes, si en realidad son voceros de una específica orientación política, de un partido o de un candidato. Si lo son, díganlo, y sean leales con la ciudadanía.

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