Muchos lectores, por fuertes que sean, habrán derramado en estos días al menos una lágrima, ante los escalofriantes videos publicados en los medios o en las redes sociales, que muestran al mundo -sin que se inmuten los líderes de las grandes potencias- sobre la manera infame y cobarde en que miles de niños palestinos son asesinados por Israel, que dice “defenderse” de ellos. Otros tantos han sido heridos, mutilados, operados sin anestesia o han quedado en el más absoluto desamparo, tras la muerte de todos sus familiares. Y muchos otros “sobreviven” en medio del encierro, con hambre y sed, esperando que, en cualquier momento, los fusilen, los mate una bomba o queden sepultados bajo los escombros de su casa.
De nada han servido los tratados internacionales sobre derechos humanos, ni el Derecho internacional Humanitario, ni la Corte Penal Internacional, ni el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas -ONU-, cuyas resoluciones orientadas al cese al fuego en Gaza, carecen de fuerza vinculante debido al veto -cómplice- formulado por los Estados Unidos. Millones de personas -muchas de ellas judías- siguen marchando pacíficamente en varios países pidiendo que termine el genocidio, y nada han logrado.
Otros niños -ocurre también en Colombia-, no menos abandonados por una sociedad indolente, son sometidos a maltrato, explotación y violencia sexual en sus propios hogares. Otros sufren las consecuencias de la violencia vicaria. Algunos de ellos han sido asesinados por sus progenitores, y no han faltado los casos en que una mujer abandona a su hijo recién nacido en un basurero.
A diario, los transeúntes pueden ver niños -de distintas edades, muchos menores de un año- tirados en una acera, hambrientos, muy probablemente explotados por alguien, para conmover a personas caritativas y obtener dinero. Otros piden limosna en las calles, sin que su suerte importe a las autoridades. Aunque la Constitución declara, en su artículo 2, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, y en el artículo 44 manifiesta que los menores de edad “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”, a la vez que proclama: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Pero una cosa es la teoría del Derecho y otra -muy dura- la realidad.
Los niños son los seres más indefensos, más débiles e inocentes. Representan el futuro de cualquier sociedad. Deberían ser tratados con dignidad, respeto y consideración. El Estado debería velar por ellos y establecer programas de protección, en materia de alimentación, salud, educación, vivienda. Algo hace en Colombia el ICBF. Pero no es suficiente. Debería acoger a todos esos niños que piden limosna o son utilizados y explotados por mayores, para brindarles el apoyo que necesitan, al cual tienen derecho fundamental.
