Es comprensible que el presidente Petro proponga eliminar la Procuraduría General de la Nación, especialmente debido al amargo recuerdo que atormenta su memoria. Esto se remonta a cuando el Procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó de su cargo como alcalde mayor de Bogotá, acusándolo de supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basuras de la capital colombiana, lo cual generó una crisis sanitaria por un breve periodo. Esta decisión fue aprovechada por el entonces Procurador, de tendencia ultra derechista, para inhabilitar a Petro por 15 años, privándolo de ocupar cargos públicos, tal vez vaticinando la desgracia política y la crisis de gobierno que estamos viviendo desde que fue elegido presidente de los colombianos.

La decisión proferida fue llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual llamó la atención al Estado colombiano recomendando que la destitución de un funcionario elegido por voto popular no debería ser adoptada por un organismo de carácter administrativo. Desde entonces, los alcaldes y gobernadores colombianos no pueden ser destituidos por la Procuraduría por decisiones disciplinarias.

Desde mi opinión, existen dos razones suficientes para que el presidente Gustavo Petro considere eliminar la Procuraduría General de la Nación. La primera razón está relacionada con el resentimiento que siente hacia la entidad, mientras que la segunda radica en que la eliminación de la Procuraduría de la Constitución y del Estado sería de gran utilidad pública. Esto se debe a la innecesaridad de sus funciones, a su inutilidad para la sociedad y el Estado, y al presupuesto que implica su operatividad en comparación con los servicios que presta. Además, la función de disciplinar a los servidores y hacer cumplir la Constitución y las leyes podría ser asumida por otras entidades del Estado que funcionen como órganos de control.

La imagen de la Procuraduría no ha sido la mejor, ya que las controversias en las que ha participado siempre han estado vinculadas con tintes políticos y pujas de poder, lo cual ha socavado su credibilidad. Es notorio que el objeto de su existencia que plasmó el constituyente en los artículos 276, 277 y 278 de la Constitución Política no se cumplen, siendo una buena decisión eliminarla. Que sea el pueblo quien decida.