No se trata de una simple sugerencia, petición o “comedida solicitud” de la Corte -como dijeron algunos medios-, sino de una providencia judicial -y, por tanto, de carácter vinculante- que debe ser cumplida sin demora por Israel. Ese país no puede seguir sacrificando impunemente a miles de civiles palestinos que habitan en la Franja de Gaza, ni proseguir la violenta actividad que lleva a cabo con miras a provocar -como lo ha anunciado varias veces- la total destrucción física de la población palestina.
Como señaló Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, estamos ante una decisión adoptada por el aludido tribunal en virtud de la Convención Internacional para la prevención y la sanción del delito de genocidio, y tiene el propósito de lograr que el Estado israelí cese en su ofensiva militar, para que no prosigan las violaciones de los derechos humanos que se vienen cometiendo en la zona.
Al momento de escribir esta columna, Israel, lejos de acatar la orden judicial, ha resuelto -de hecho- incrementar la ofensiva militar en Rafah. Así lo ha señalado la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, quien afirma: "Mientras la CIJ ordena a Israel que detenga su ofensiva en Rafah, Israel intensifica sus ataques contra ella. Las noticias que recibo de las personas atrapadas allí son aterradoras. Los Estados miembros deben imponer sanciones, embargos de armas y suspender las relaciones diplomáticas y políticas con Israel hasta que cese su ataque. Tengan la seguridad: Israel no detendrá esta locura hasta que nosotros hagamos que se detenga".
Como lo expresábamos en anterior escrito, es verdad que el 7 de octubre de 2023 la organización Hamás perpetró actos criminales, matando a numerosas personas completamente indefensas -que participaban en un concierto- y secuestró a más de doscientas, en calidad de rehenes. Por tanto, Israel tenía derecho a responder a los sorpresivos ataques, a defenderse y a reclamar la libertad de los rehenes.
Eso no se puede olvidar, disimular ni negar, y sería injusto hacerlo. Pero, desde luego, la respuesta militar a la agresión de Hamás ha debido tener lugar dentro de las reglas contempladas en los tratados internacionales sobre derechos humanos en caso de guerra; se ha debido observar el Derecho Internacional Humanitario. No ha ocurrido así, y lo que se ha visto durante más de ocho meses, no ha sido otra cosa que bombardeos indiscriminados, ataques aéreos y terrestres contra la población civil, destrucción de viviendas, hospitales, clínicas y refugios; muertes de miles de hombres, mujeres y niños, médicos, miembros de organizaciones humanitarias, periodistas, empleados y trabajadores completamente ajenos al conflicto; hambre y carencias provocadas por un cerco inhumano; obstrucción para impedir la llegada de ayuda humanitaria. En fin, todo un genocidio.
La actual situación debe cesar. Las conveniencias políticas y económicas de los países no pueden prevalecer sobre los derechos humanos. ni por encima de la justicia.
