En recientes declaraciones, el presidente ha sostenido que nada de eso es verdad. Que no piensa convocar una asamblea constituyente, menos por decreto, y que no está empeñado en buscar su reelección, como sí lo hicieron otros antes, y que respeta, cumplirá y hará cumplir la Constitución, como lo juró al posesionarse.
Desde la otra orilla, se ha llegado a decir que la oposición viene orquestando la ruptura del orden institucional, con miras a dar un golpe de Estado y a interrumpir el período previsto en la Constitución. A difundir esa especie -también sin fundamento- han contribuido palabras y actitudes de algunos miembros de la oposición. Una senadora hablaba de no permitir que el presidente cumpla los cuatro años del período para el cual fue elegido, y en una marcha opositora hubo manifestantes que cargaron ataúdes, proclamando consignas contra el presidente. Y, desde un foro universitario, un expresidente de la República dijo algo sobre desobediencia militar. Pero creemos -y esperamos que así sea- que no hay un plan diseñado contra las instituciones.
Ahora bien, el presidente sí ha sostenido que contra él se planea un “golpe blando”, o una forma de lo que se conoce en el mundo como “lawfare”, es decir, la instrumentalización de las leyes y la justicia con fines políticos.
Si cualquiera de esas cosas estuviera siendo pensada o planeada -de uno u otro lado-, los demócratas estamos en la obligación de rechazarlas de plano y en forma contundente. No aceptaremos, ni acompañaremos nada contra las instituciones democráticas, ni opuesto a las prescripciones de nuestro sistema jurídico. Colombia no puede caer en las dictaduras, ni en las vías de hecho, vengan de donde vengan.
Una cosa es el desacuerdo, la controversia, la libertad de compartir o no las decisiones, los proyectos o las políticas del Ejecutivo, y otra muy diferente las vías de hecho y las propuestas inconstitucionales.
En nuestro sistema jurídico están garantizados los derechos de la oposición. Como dice el artículo 112, los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. Es diferente eso a cualquier llamado a golpes de Estado.
En cuanto a la asamblea constituyente, aunque está autorizada en la Constitución para introducirle ajustes o reformas, creemos que no es necesaria, ni oportuna. Y, si se la quisiera convocar, no podría hacerse ello sin cumplir la totalidad de los requisitos constitucionales; sin la ley del Congreso; sin el control constitucional previo; sin los trámites previstos. Con todo respeto por opiniones diferentes, tampoco puede fundarse en el Acuerdo de Paz firmado en 2016, ni en decisiones de la ONU.
