En efecto, hay motivos para considerar que, si en verdad esta es una democracia, quienes fueron elegidos por el pueblo como sus representantes tomen conciencia del papel que deberían jugar y de las responsabilidades que asumieron al posesionarse. Al culminar la actual legislatura, deben meditar.

Hay senadores y representantes cuya respetabilidad es innegable, quienes, con toda dedicación y seriedad, desempeñan su trascendental función y sacan la cara por el Congreso, pero -infortunadamente- no es su actividad la que se capta en videos o transmisiones y se divulga ante la sociedad. Por el contrario, lo que se expande en el conocimiento público -en medios de comunicación y redes sociales- no es otra cosa que el deprimente espectáculo generado por interminables bloqueos, insultos y vías de hecho que impiden el adecuado funcionamiento de las comisiones y cámaras. Es cada vez más frecuente el vergonzoso espectáculo de los gritos, la vulgaridad, las faltas de toda consideración a esas corporaciones, a sus integrantes y al país, en el curso de bochornosas reuniones -no llegan a ser sesiones-, que deberían estar dedicadas al ejercicio responsable de la tarea legislativa.

Hemos visto, porque se han hecho públicas, intervenciones agresivas y ofensivas, inclusive contra mujeres congresistas, sin el más mínimo respeto.

Algunos se enorgullecen, en las redes sociales, por haber logrado impedir, bloquear o torpedear sesiones y votaciones, mediante la ruptura del quórum, las irregulares proposiciones -más de 800, en el caso de la reforma pensional- o los impedimentos y   recusaciones sin fundamento, y dicen actuar “en ejercicio de su derecho a oponerse”. Se refieren a proyectos de ley o de reforma de origen gubernamental. Pero ese es un gran error. Muestra que ignoran o quieren desconocer la normatividad que regula las funciones del Congreso.

Los parlamentos, congresos o asambleas fueron concebidos precisamente para debatir, discutir, controvertir y decidir mediante el voto, pero dentro de unas reglas, formas y procedimientos. Sus miembros deben acudir a las sesiones precisamente para exponer con toda amplitud sus propias convicciones, su posición o la de su bancada, y, tras los debates, deciden las mayorías, sean simples o calificadas. Pero debe darse el trámite previsto en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Se requiere el debate. No es leal con el Congreso ni con el pueblo -y es ilegítimo e  inconstitucional- impedir los debates desbaratando u obstruyendo el quórum, o levantando las sesiones y provocando que durante varios días dejen de sesionar las plenarias o las comisiones.

La oposición -como corresponde a una genuina democracia- tiene unos derechos y unas prerrogativas, que hoy en Colombia garantiza la Constitución. Les deben ser respetados. Pero entre tales derechos y prerrogativas no se encuentra el plan o la práctica de obstruir los trámites para impedir que las cámaras y sus comisiones adelantan la actividad que les es propia.

Se puede disentir. Se pueden negar o modificar los proyectos de ley presentados, pero dentro de las reglas, no de hecho, ni obstruyendo la actividad legislativa.