La solemnidad de la justicia
Cuando, con una sapiencia no superada, señalaba Ulpiano que “la justicia consiste en la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”, quería decir que lo justo es lo que debe ser asignado a cada cual, sin excesos ni defectos, según una medida objetiva e imparcial que no se inclina a reconocerle más ni menos a la luz de las normas en vigencia.
Este reconocimiento debe ser acatado por aquellos a quienes se refiere el fallo y también por la persona que falla, quien no hace su voluntad sino la de la ley. Es eso lo que hacen los jueces, y lo que significa la justicia, representada desde la antigüedad por Temis, cuya figura aparecía con los ojos vendados y sosteniendo en sus manos una balanza y una espada.
La venda simboliza la objetividad del togado, cuya tarea ha de desarrollarse con absoluta independencia de cualquier influjo externo, presión, inclinación, preferencia, favoritismo, animadversión, solidaridad o prevención, y aparte de cualquier prejuicio derivado de sus convicciones religiosas o políticas.
La balanza representa la imparcialidad frente a las partes en el proceso y en relación con los hechos y las pruebas de los mismos. En ella han de ser puestos todos los elementos, tanto los positivos como los negativos. El equilibrio es un concepto fundamental para una buena y confiable administración de justicia.
La espada simboliza la autoridad del juez, cuyas decisiones son obligatorias y deben ser respetadas y cumplidas, sin perjuicio de los recursos que ante la misma administración de justicia prevé la ley.
Si nos fijamos en el esquema general de las funciones estatales, la judicial es simultáneamente la más honrosa, la más comprometedora y la más difícil. En ella se trata de definir el derecho, cuyo supremo valor es la justicia, la cual, para alcanzar el ideal señalado por Ulpiano, requiere de quien la administra, además del conocimiento jurídico, inteligencia y capacidad de entendimiento de la norma y de valoración de los hechos a los cuales se aplica, además de rectitud, objetividad, imparcialidad, precisión y carácter incorruptible.
Para cualquier sociedad, en especial una democrática, resulta indispensable mantener una administración de justicia bien organizada, fuerte, confiable y respetable, compuesta por magistrados y jueces independientes, conocedores del derecho, imparciales, experimentados y ajenos a cualquier forma de halago, prebenda o compromiso. Sin un sistema de tales características la sociedad está condenada a la disolución.
La justicia en Colombia
¿Qué tenemos hoy en Colombia? Infortunadamente, tras una historia respetable y por una cadena de acontecimientos bien conocidos por la opinión pública, la administración de justicia colombiana ha caído en el desprestigio.
Esta ha perdido el respeto y la confianza que inspiraba, y está sumida en un mar de contradicciones, de errores y veleidades. Recibe críticas (unas fundadas, otras no) de todos los sectores y, en vez de ser ella la que juzga, condena o absuelve, ha sido puesta desde hace un tiempo en el banquillo de los acusados.
Desde luego, un análisis serio debe estar exento de generalizaciones. Por ello, mal podríamos avanzar sin reconocer la presencia en nuestros tribunales, juzgados y fiscalías de muchos funcionarios y empleados probos, bien preparados y honestos.
Pero sería ingenuo quien no reconociera que, en el interior de la Rama Judicial y por distintas causas, se han venido extendiendo vicios que demuestran la necesidad de una reingeniería.
El ciudadano del común, perplejo ante recientes hechos relacionados con la administración de justicia y con el ejercicio del poder administrativo, fiscal y disciplinario (que al fin y al cabo responden también a las finalidades estatales de definición de derechos, cargas y obligaciones) se formula muchas preguntas:
- ¿Existe en Colombia un sistema jurídico que en efecto otorgue a personas investigadas o juzgadas penal o disciplinariamente la plenitud de las garantías procesales propias de un Estado democrático y constitucional?
- ¿Quienes administran justicia o ejercen el poder disciplinario-sancionatorio administrativo, o el control fiscal, cumplen sus funciones según las normas constitucionales y legales, adoptan medidas y toman decisiones en estricto derecho, o, por el contrario, existen procesos sesgados por la malquerencia, el ansia de poder, la persecución política o la rivalidad personal o profesional?
- ¿El sindicado goza de las garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución y en los tratados internacionales firmados por Colombia (presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho a la prueba, objetiva crítica del testimonio, imparcialidad del juez o fiscal, examen ponderado de los hechos, entre otros)?
- ¿Son verdaderamente independientes los altos funcionarios de las corporaciones judiciales, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría frente al gobierno y a los partidos políticos?
Los casos de la discordia
Mencionemos apenas algunos de los casos que han conmovido a los colombianos y en los cuales se ha abierto controversia pública sobre el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias de imparcialidad y garantías procesales:
- Militares investigados, acusados o condenados por distintas causas, se quejan de haber sido llevados a los estrados judiciales sobre la base de falsos testimonios, y aseguran que no tienen garantías procesales ni derecho efectivo de defensa, y que están dentro de una campaña inspirada por tendencias ideológicas enemigas de la Fuerza Pública.
- El alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro estima, no sin argumentos, que su destitución e inhabilidad por quince años decretada por el procurador, así como la cuantiosa multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio por haber adoptado una política sobre la prestación de un servicio público por empresas estatales, no solamente fueron arbitrarias y desproporcionadas sino que las sanciones le fueron impuestas con marcado sesgo político y sin haber gozado de las garantías procesales correspondientes.
-La exsenadora Piedad Córdoba, a quien le han sido negados todos los recursos interpuestos, ha esgrimido razones poderosas para sostener que fue destituida e inhabilitada, también por el procurador, por razones ideológicas y mediante un procedimiento sin garantías efectivas, en el cual se concluyó sin pruebas debidamente valoradas que se había confabulado con la guerrilla de las FARC.
-El expresidente y actual senador Álvaro Uribe y sus partidarios han proclamado en todos los tonos que las investigaciones contra María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, Bernardo Moreno, Carlos Albornoz, Luis Alfredo Ramos, Sabas Pretelt, Santiago Uribe, los congresistas señalados como parapolíticos y muchos otros, han estado orientadas por una persecución a quienes participaron en su gobierno y comparten sus ideas políticas.
A tal punto ha llegado esa convicción que el expresidente favoreció el otorgamiento de asilo a Hurtado en Panamá, y justificó la salida de Arias, después de condenado, hacia Estados Unidos.
-El mismo expresidente Uribe se negó a comparecer ante la Fiscalía para entregar pruebas contra la campaña de Juan Manuel Santos por haber recibido, supuestamente, recursos provenientes del narcotráfico. Uribe se lustró los zapatos en la sede a la cual había sido citado y entregó los documentos a un funcionario sin competencia en materia penal (el procurador), todo porque, a su juicio, no contaba con garantías.
-La ex contralora Sandra Morelli atribuye la investigación penal en su contra, iniciada por la Fiscalía General, al hecho de haber denunciado irregularidades en la contratación del actual fiscal Eduardo Montealegre con la firma Saludcoop, y ha salido del territorio colombiano hacia Italia (pues tiene doble nacionalidad), con el objeto de evadir la acción de la justicia, frente a la cual dice no tener garantías.
-El fiscal general ha denunciado la existencia de un cartel de testigos falsos, pero a muchos los sindican y capturan, se les sigue proceso y se los condena sin aplicar las reglas de la crítica del testimonio y con base en la declaración de alguien que se quiere beneficiar judicialmente, con independencia de si merece o no credibilidad.
Las razones
¿Qué deja ver este panorama? Que, habiendo razón en algunos casos y simple estrategia en otros, algo está muy mal en lo que respecta al funcionamiento de nuestra administración de justicia.
En ello inciden varios factores: una preocupante improvisación legislativa y de reformas constitucionales que ha llevado a principios tan discutibles como el de oportunidad; la falta de preparación de muchos funcionarios; y la aplicación incorrecta del derecho y las garantías en muchos casos.
En otras situaciones ha sido ostensible la "politización" de la justicia o ha habido filtraciones de las providencias a los medios antes de ser adoptadas. También se percibe cierta tendencia al protagonismo de algunos jueces, magistrados, procuradores y fiscales; la ausencia de normas que aseguren la efectiva comparecencia de los funcionarios sindicados; así como el aprovechamiento, por parte de sindicados y condenados, del desorden existente y de sus propias facilidades económicas para evadirse.
La sabiduría popular acuñó una célebre frase según la cual “la justicia es para los de ruana”. Parece que esa es la máxima que seguimos e, infortunadamente, nos hemos olvidado de Ulpiano.
