JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
Aparte de los efectos políticos inmediatos de estos sucesos, que de todas maneras, puesto que se trata de las elecciones presidenciales, se proyectarán al menos en los próximos cuatro años de gobierno-, la mayor gravedad de lo acontecido estriba por una parte en la muy probable comisión de delitos –que habrán de establecer los fiscales y los jueces, en ejercicio de sus respectivas competencias- y por otra en la peligrosa tendencia que vienen mostrando nuestros dirigentes a considerar que el fin justifica los medios y que la política se puede hacer sin ética y sin principios.
Preocupa todavía más que muchos ciudadanos muestren complacencia con la utilización de medios indebidos para alcanzar los fines propuestos. Y ello no solamente en lo relativo a las campañas políticas -en las que ahora no son contratados expertos en los temas que se incorporan al programa de gobierno del candidato sino a expertos en propaganda negra, en estrategia ilegal y en interceptaciones de correos electrónicos- sino en los distintos órdenes de la actividad social o profesional.
Por ello, hace unos años parte de la opinión pública vio con malsano beneplácito que un guerrillero hubiera asesinado a su jefe y a la compañera sentimental del mismo, cortando después el brazo del subversivo muerto, para presentarlo a las autoridades y reclamar así la recompensa por el doble crimen. Y todo estaba bien hecho –según se escuchaba al igual en lujosos cocteles bogotanos, en buses y en tiendas de barrio- porque lo importante era socavar las lealtades en el interior de la guerrilla, aunque en Colombia está prohibida la pena de muerte y aunque el hombre había sido asesinado mientras dormía, según relató el propio autor del hecho.
Sin generalizar –porque sería injusto- la tendencia se nota igualmente en los procesos judiciales, algunos de los cuales no se ganan -como quien esto escribe pensaba ingenuamente- mediante sesuda argumentación jurídica y con la razón en la mano, sino por obra de prebendas, invitaciones, dinero y nombramientos. Lo propio puede decirse de las elecciones y postulaciones para magistraturas y organismos de control, confiadas a las corporaciones judiciales y al Congreso.
La esfera funcional del Congreso no escapa tampoco a esta generalizada falta de ética, y allí están como testimonio las varias condenas proferidas por la Corte Suprema de Justicia para sancionar esas detestables prácticas que la prensa bautizó como “parapolítica” y “yidispolítica”. ¿Y qué tal las famosas “chuzadas” del DAS contra magistrados, políticos y periodistas? ¿O los denominados “falsos positivos”, cuya sola descripción aterra pero que se idearon con el fin de “mostrar resultados”?
Un llamado: volvamos a los principios. Muchos males se habrían podido evitar en Colombia si se hubieran respetado los principios. Entendamos que el fin no justifica los medios.
