Ha coincidido el lamentable deceso de Carlos Gaviria, un magistrado ejemplar,  con el peor momento de la Corte Constitucional, a la que perteneció durante ocho fecundos años.

 

Ya ha transcurrido un mes desde la primera denuncia y, por razones que la comunidad jurídica no entiende, el nudo no se ha desatado; por el contrario, ha crecido el escándalo y de manera injusta ha  venido siendo lacerada y hasta puede resultar sacrificada la institución, en aras del inédito enfrentamiento personal entre los magistrados y por un erróneo entendimiento de la presunción de inocencia. Ésta y el debido proceso son principios constitucionales de primer orden  que, como hemos dicho varias veces, deben ser resguardados  y el derecho de defensa –inherente a ellos- respetado escrupulosamente.

 

Pero con franqueza debemos decir también:  la garantía de esos postulados  en cabeza de los individuos -quienes  tienen pleno derecho a reclamarlos y a que se les resuelva pronta y oportunamente su situación jurídica, sin más dilaciones ni aplazamientos-  no se puede confundir con la intangibilidad, la respetabilidad, el prestigio, la imagen y hasta el futuro  de la institución, atándolos al interés procesal de las personas  que en forma pasajera la componen.

 

Desde hace 23 años, en la honrosa compañía de magistrados ilustres -varios ya desaparecidos-  quienes hemos integrado la Corte Constitucional  nos hemos empeñado, en sucesivos períodos,  en construir un sólido cuerpo de jurisprudencia  constitucional  que es modelo en el mundo,  y cuyos fines han sido:  la guarda efectiva y cierta de la integridad y supremacía de la Constitución; el respeto a los derechos fundamentales, a la libertad y a la igualdad; la observancia de los principios y  valores constitucionales. Una tarea difícil pero que se ha desarrollado exitosamente.

 

Como es propio de un tribunal constitucional, cuyos integrantes tienen distinta formación filosófica y académica, que someten a escrupuloso debate todas sus decisiones, que no deben improvisar sus fallos y que están obligados a decir el Derecho en su más alto nivel de manera oportuna y clara, surgían discrepancias en lo jurídico, que no se proyectaban al plano personal. Las discusiones recaían exclusivamente sobre el Derecho, y se daban dentro del debido respeto entre los jueces.

 

Es por eso que resulta exótico -y nos angustia-  lo que acontece. Allí hay magistrados serios e impolutos. Hagan algo. La institución no se puede hundir. Me niego a admitir que lo construido con gran esfuerzo de muchos años se desmorone ahora como un castillo de arena.