Somos partidarios de las conversaciones que, hacia la finalización del conflicto armado, se adelantan en La Habana entre los representantes del Gobierno Nacional y los delegados designados por la organización guerrillera de las Farc. Si algo se requiere en Colombia es el diálogo. Un diálogo abierto y sincero en que participen, además del Estado por conducto de sus legítimos voceros, los grupos alzados en armas –ojalá todos, aunque hasta ahora solamente las Farc han entrado en el proceso-, los representantes de la sociedad civil y ante todo las víctimas que han dejado la guerra y el terrorismo.

 

Desde luego, no se ignora que, como lo expresara con franqueza en su momento Otto Morales Benítez, hay “enemigos agazapados de la paz”, que se tienen tanto en el interior de la guerrilla como del lado de la sociedad.

 

Pero, dentro de un criterio imparcial y objetivo, todos tenemos no solamente el derecho sino el deber de formular las observaciones que lo actuado o acordado merezca. Ese, lejos de ser un obstáculo o “palos en la rueda” puestos al carro de la Paz, es un comportamiento que ayuda; un aporte que contribuye al logro de los objetivos que Colombia quiere alcanzar.

Por eso, desde la Academia y bajo la perspectiva del Derecho, en ningún momento hemos dudado en exponer, con el debido respeto, algunas discrepancias:

 

-No compartimos la convocatoria al plebiscito como mecanismo idóneo para conferir legitimidad al proceso y a los acuerdos. Creo que, por el contrario, la sola idea de apariencia o de “barniz” –que es lo que se consigue con la disminución del umbral, sobre la marcha, al 13% del censo electoral- quita toda credibilidad a aquello que debería someterse a consideración del pueblo según reglas más exigentes y transparentes.

 

-Tampoco creemos en la necesidad de reformar la Constitución para cambiar los trámites de aprobación de reformas  y leyes, con facultades presidenciales imprecisas y con un congreso en el triste papel de convidado de piedra.