Ha fallado la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- en el caso del coronel Alfonso Plazas Vega. Lo ha declarado inocente y ha revocado la sentencia que lo condenaba a 30 años de prisión por haberlo encontrado responsable de las desapariciones de personas tras la retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
La juez que lo condenó aseveró que quizá se había equivocado. Claro que se equivocó. Lo dice el máximo tribunal de la justicia ordinaria. Se equivocó, y la equivocación no fue leve sino muy grave. Nadie entiende cómo una persona puede ser condenada a 30 años de prisión y haber pasado 7 años de su vida en la cárcel, sin que hubiese sido probada fuera de toda duda la comisión del delito. Sin que, por tanto, hubiese quedado establecida, sobre la base de su cabal acreditación ante la justicia, su responsabilidad penal.
Otra señora juez también dijo haberse equivocado hace unos días al dejar libres a los integrantes de una banda de sicarios. Son los errores judiciales, que se han cometido a lo largo de la historia en muchas épocas y en muchos países. Lo malo es que, mientras en otras partes son extraordinarios, en Colombia se han vuelto muy frecuentes. Por mencionar apenas algunos casos, nos vienen a la mente los procesos contra el almirante Arango Bacci, contra Nancy Patricia Gutiérrez, contra Sigifredo López, contra Hubiz Hasbún, contra Luis Fernando Velasco, Jorge García Orjuela, entre los más destacados, sin que sean los únicos. Y el Fiscal General Eduardo Montealegre ha hablado de la existencia de un cartel de falsos testigos. Personas sin escrúpulos que son capaces de vender su conciencia -y alguien que se la compra- para sindicar a otra u otras personas de haber cometido delitos, a sabiendas de que son inocentes.
La justicia ha perdido el concepto constitucional de la presunción de inocencia, que solamente se puede desvirtuar sobre bases firmes, no sobre pruebas inexistentes o deleznables. En muchos casos, la justicia desconoce por completo lo que es la crítica del testimonio. Y no son pocos los casos en que un testigo se ofrece a declarar en varios procesos, y se admite inclusive el testimonio de personas a quienes se les ha probado falso testimonio en otros procesos. ¿Cuál es la credibilidad de esos testigos y cuál la credibilidad del juez o tribunal que no los valora; que los va creyendo sin análisis y que priva de la libertad o condena a quien años después se sabe que era inocente? ¿Y cuál la responsabilidad por esas pequeñas equivocaciones judiciales? ¿Quién repara a esa víctima de la justicia, que ha perdido por mucho tiempo su libertad, su honra, su familia y su trabajo? Algo habrá que hacer porque algo está fallando en nuestra administración de justicia o en nuestro sistema jurídico.
