Aunque está probado que la inflación, la devaluación y la política económica han implicado que el reajuste del salario mínimo fue devorado rápidamente y en la práctica no existió, el Gobierno no ha querido modificar el Decreto expedido en diciembre y por tanto incumple lo ordenado por la Constitución cuando dice que el Estado debe garantizar "que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos".

 

Ha dicho la Corte Constitucional (Sentencia SU-995 de 1999. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz) que "la figura de la retribución salarial está directamente relacionada con la satisfacción del derecho fundamental de las personas a la subsistencia, reconocido por la Corte Constitucional como emanación de las garantías a la vida (Art. 11 C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25 C.P.), y a la seguridad social (Art. 48 C.P.); pero no se agota en la satisfacción de las necesidades de mera subsistencia biológica del individuo, pues debe permitir el ejercicio y realización de los valores y propósitos de vida individual, y su falta compromete el logro de las aspiraciones legítimas del grupo familiar que depende económicamente del trabajador".

 

Pese a todo ello, el Gobierno quiere poner en vigencia una nueva reforma tributaria que aumentará el IVA, del 16% al 19%, gravará los productos de primera necesidad, impondrá nuevas cargas tributarias, mantendrá el impuesto del 4 por mil,,,, todo por las recomendaciones de una comisión de expertos ajena a los postulados del Estado Social de Derecho y a los mandatos constitucionales que el Presidente de la República juró cumplir.

 

Pero ahora, aunque la reforma de todas maneras será aprobada, el Gobierno no la presentará para evitar que su impacto y la impopularidad que genera afecten la votación del plebiscito por la paz. La presentarán después. Como cuando el lobo se disfrazaba y se escondía antes de atacar, en el cuento de Caperucita Roja.