Dice el numeral 3 del artículo 189 de la Constitución que al Presidente de la República, como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad adiministrativa, le corresponde "Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República".

 

A su vez, el artículo 216 enseña que la Fuerza Pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Según el artículo 218 de la Carta Política, "la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz". La misma norma señala que será la ley la que determine su régimen disciplinario.

 

Desde hace ya varios meses se han venido formulando denuncias muy graves sobre acontecimientos que al parecer han tenido y tienen lugar en el interior de la Policía, institución a la que todos los colombianos respetamos y queremos. En la cual confiamos. A la cual mucho le debemos. Desearíamos que estos bochornosos acontecimientos, algunos de los cuales corresponden a lo disciplinario y otros al campo de lo delictivo, jamás hubiesen tenido lugar en una institución seria, responsable, serena, protectora del ciudadano, del ama de casa, de los niños, de los comerciantes, de los estudiantes, de los obreros, de los profesionales. Una institución que, por ello, lo primero que debe despertar es confianza.

 

La Polícía es quizá la institución en que menos debería pasar lo que al parecer está pasando. Está perdiendo la confianza ciudadana, indispensable para su funcionamiento.

 

El Presidente de la República, en decreto firmado apenas ayer, ha designado una comisión de abogados particulares para investigar lo que pasa. Pero esa comisión no tiene competencia. Carece de toda autoridad para fallar. Para eso están la Procuraduría General y la Fiscalía General que, cada cual en su función, han iniciado investigaciones. Nada tiene que hacer la Comisión presidencial, ni hay que esperar lo que ella resuelva para resolver la crisis y para salvar a la institución. Eso le corresponde al Presidente de la República y al parecer no se ha dado cuenta.

 

La crisis existe en la Policía. No creo que termine con la renuncia del General Palomino. Y el presidente de la Republica, con el video publicado ayer, o sin ese video, debe solucionarla.