Tras la crisis generada por el proselitismo armado en varios municipios, salen del territorio nacional los negociadores de las Farc y regresan a Cuba para reanudar los diálogos y hacer posible que, a menos de un mes de la fecha acordada -23 de marzo- se firme el Acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto armado. El Gobierno Nacional ha dado por superado el hecho y sostiene que lo ocurrido estuvo mal y que no se volverá a presentar.

Está muy bien que este infortunado episodio, descubierto y divulgado por los medios de comunicación, no frustre los propósitos de paz de los colombianos, en especial estando tan cerca la firma del Acuerdo. Pero no creemos que, quedando superado el hecho para los fines del proceso de paz, signifique que las conductas oficiales que dieron lugar a él se queden sin aclarar y sobre todo sin investigar. El Derecho colombiano y el imperio de la Constitución siguen en vigor, y también las atribuciones de los órganos de control. No es posible abrir paréntesis en esa vigencia, ni sostener que los acuerdos se firman y que, como se firman, no pasó nada.

El hecho cierto es que los colombianos nos hemos quedado sin saber quién, con qué autoridad y por qué dió la orden a la Fuerza Pública de retirarse de los municipios a los cuales, en su lugar, ingresaron los guerrilleros de las Farc, armados, para entrar en contacto con la población civil. Si fue un oficial subalterno, debe ser establecida su identidad y se debe iniciar el proceso disciplinario al respecto, e inclusive penal si se considera que hubo delito. El comandante supremo de las fuerzas armadas, según la Constitución, es el Presidente de la República. Sólo él podía impartir esa orden, y si no la dio, quien lo hizo sin su autorización debe responder por invadir la órbita del Jefe del Estado. Y si fue el Presidente, a su vez él debe exponerlo ante el país y explicar con claridad por qué razón permitió algo de lo cual negó al principio tener conocimiento. Se debe establecer si ello es posible a la luz de las normas vigentes, y en todo caso si, después de la firma de los acuerdos, los miembros de las Farc podrán transitar libremente por el territorio nacional portando armas e intimidando a la población. Lo que sería totalmente inadmisible porque no correspondería a la paz e implicaría flagrante violación de la Constitución colombiana.