Como consta en varios escritos, soy amigo de la libertad de prensa y del derecho a la información. He llegado a manifestar, inclusive, que, sin esas garantías, una sociedad no es democrática y, desde el punto de vista político,  está condenada al fracaso.

 

Es algo propio del Estado de Derecho, y hace parte del criterio libertario y garantista de nuestro sistema.

 

El concepto se desfigura por completo cuando, abusando de esas garantías democráticas, quienes tienen acceso a los medios pretenden que la sola invocación de sus derechos y del poder mediático, agreden a las personas, las calumnian y aspiran sin legitimidad a sustituir a los jueces.

 

Es verdad que en muchas ocasiones la administración de justicia es lenta e ineficaz. Aquí mismo lo hemos subrayado. Pero ello no autoriza a nadie para convertirse en fiscal o en juez, y menos para condenar a las personas sin competencia, sin pruebas, sin elementos de juicio, sin derecho de defensa de los afectados, sin debido proceso, sin garantías. Basta leer el artículo 29 de la Constitución y tratados como el de San José de Costa Rica o el de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales Colombia es parte, para ver que consagran  la presunción de inocencia y la garantía según la cual nadie puede ser condenado sino por un juez competente, y previo un juicio.

 

Dice nuestra Carta que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Según ella, “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

 

Pero no faltan quienes, desde sus columnas periodísticas, deciden ser fiscales y jueces, inclusive cuando los competentes han declarado la inocencia. Usan sus columnas como estrados, usurpando la jurisdicción y aprovechan a lectores incautos y  desinformados, para juzgar y condenar de modo arbitrario  -sin pruebas ni juicio previo- a personas que no se pueden defender. Es el dicho del “calumnista”.

 

Esta práctica constituye abuso del derecho, y lesiona derechos fundamentales como la honra y el buen nombre.