A menos que haya mediado su voluntad, en razón de su trabajo periodístico –lo que esperamos se sepa pronto-, la desaparición de la periodista colombo española Salud Hernández-Mora en el municipio de El Tarra -Norte de Santander- constituye un atentado contra la libertad de prensa. Sin duda -aunque después digan que la "invitaron"-, si ocurrió contra su voluntad y con independencia de su duración, se trataría de un secuestro que debe ser investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Los últimos informes obtenidos por diarios españoles y medios colombianos se orientan a definir que se trata de un secuestro, si se tiene en cuenta que antes de su desaparición, a Salud le habían quitado sus elementos de trabajo periodístico.

Todo secuestro es abominable. Y es en todo caso de un crimen atroz. No es menos delictivo -y, por el contrario, mucho más grave- porque lo haya llevado a cabo una organización subversiva en busca de diálogo con el Gobierno. Ni a los secuestradores les debe gratitud la sociedad colombiana si liberan a las personas plagiadas.

Por ello hemos sostenido que el Gobierno, antes de iniciar cualquier diálogo con miras a lograr acuerdos de paz, ha debido exigir la previa liberación de todos los secuestrados. El secuestro es un delito continuado, que no se comete apenas en el momento de la retención de la persona, sino que se prolonga a lo largo del tiempo durante el cual la víctima permanece privada de su libertad. Quienes "cuidan" al secuestrado no son otra cosa que secuestradores, y deben responder penalmente.

Los grupos alzados en armas, como el ELN, que pretenden hacer "méritos" con actos de violencia y con delitos, para mostrar fortaleza, no deben ser buscados ni admitidos para el diálogo. Chantajean al Gobierno, y el Gobierno no lo debería permitir.

Hacemos votos por la pronta aparición, sin daño a su integridad, de Salud Hernández-Mora, y por su plena libertad de expresión e información.