En muchas ocasiones durante el proceso de paz sugerimos públicamente y en forma respetuosa al Gobierno Nacional y a los negociadores oficiales que exigieran a las Farc, como condición indispensable para iniciar y proseguir los diálogos, la liberación de todos los secuestrados en su poder (no sólo de algunos) y el reintegro al seno de sus familias de todos los menores de dieciocho años reclutados a la fuerza o mediante engaño y cautivos en el interior de las filas guerrilleras, alumnos y practicantes forzados del crimen y la violencia.
Es lo mismo que hoy sugerimos en el caso de la iniciación de diálogos con el ELN. No sabemos cuántas personas están secuestradas por esa organización, pero sabemos que no es solamente Odín Sánchez. El Gobierno y el jefe negociador Juan Camilo Restrepo exigieron públicamente a esa guerrilla, como condición para iniciar el proceso, liberar, no a todos los secuestrados –lo cual nos parece indolente y absurdo-, sino apenas la de Odín Sánchez. Ni siquiera esa condición se cumplió –ello habla mal del ELN y de la credibilidad del Gobierno- y aun así, ya se iniciaron las conversaciones.
En el caso de las negociaciones con las Farc, no se nos prestó atención; siguió adelante el proceso, se firmó el Acuerdo Final, sin esos requisitos -que a nuestro juicio eran esenciales para la legitimidad, la transparencia y la legalidad del proceso-; el Gobierno comprometió en alto grado al Estado colombiano; en el Congreso se están implementando y desarrollando, inclusive sin leer y a pupitrazo, los acuerdos, aplicando a reformas constitucionales y a leyes un “Fast track” (procedimiento breve) avalado de manera confusa por la Corte Constitucional…y, de todas maneras, ni los jóvenes reclutados, ni los secuestrados han sido liberados.
Ahora resulta que voceros del Gobierno, del Congreso y de los partidos políticos, y hasta el Comisionado de Paz, que apoyaron y adelantaron el proceso aludido sin esas elementales previsiones, se declaran preocupados por el hecho de que las Farc no hayan liberado, ni muestren intenciones de liberar, al menos a unos pocos menores reclutados. Y exigen el cumplimiento de los acuerdos en ese punto. Sin embargo, rechazan una razonable propuesta de suspensión del desarrollo de los acuerdos mientras los menores no sean entregados.
De modo que, cuando ya es tarde, se muestra inquietud -desde luego válida- por un punto varias veces subrayado durante la campaña del plebiscito. Punto frente al cual nada claro dijo jamás el Ejecutivo, y menos lo dijeron las Farc.
Digamos entonces, una vez más, que, a pesar de muchos insultos y descalificaciones que llovieron en su momento sobre los contradictores del Acuerdo firmado el 26 de septiembre -reproducido en el de 24 de noviembre-, el NO en el plebiscito del 2 de octubre postulaba algo lógico y necesario, y que su oposición a lo convenido sí tenía claros fundamentos jurídicos. Se reclamaba, entre otras cosas, el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Porque el secuestro y el reclutamiento de menores –no de 15, como dicen las Farc, sino de 18 años- son delitos continuados y graves violaciones del D.I.H.
Esperemos que las Farc, y también el Gobierno, tomen conciencia acerca de que así no se hace la paz.
