Los padres de la Constitución de los Estados Unidos, como los autores de las varias constituciones que han regido en Colombia -en especial la actual, de 1991- coincidieron siempre en entender, como lo entendió el Barón De la Bread y Montesquieu, que el poder en el Estado no puede ser concentrado ni absoluto, porque en la medida en que lo sea, se sacrifican los derechos, las libertades y las garantías de los gobernados.                       

Es indispensable que el poder detenga al poder. Que exista en la Constitución un sistema que, sin perjuicio de la razonable colaboración entre las ramas y órganos del Estado, asegure que, haya entre ellos una clara y explícita separación funcional. El Congreso o Parlamento tiene a cargo expedir las leyes; el Ejecutivo debe ejecutarlas y hacerlas cumplir; los jueces y magistrados deben definir las controversias con base en las leyes y decir el Derecho. Jurisdicción: "Juris dictio", "decir el Derecho".                       

Un Congreso o unos jueces que dependen del Gobierno se apartan de este postulado democrático fundamental, abandonan el Estado de Derecho y propician el abuso.                       

En los Estados Unidos, por estos días, se ha puesto a prueba el sistema de controles, frenos y contrapesos. Las resoluciones de Donald Trump que prohíben el ingreso de inmigrantes a territorio norteamericano han sido suspendidas en dos instancias por jueces que las han encontrado en conflicto con la Constitución. El Congreso, aunque hay una mayoría republicana en ambas cámaras, no quiere aprobar el proyecto de nuevo esquema de salud y seguridad social que sustituiría el Obamacare. Una de las principales propuestas de campaña de Trump.                       

Es decir, en Estados Unidos, jueces y congresistas son independientes, y bien puede Trump morirse de la rabia, pero prevalece la autonomía de las decisiones que adoptan, en el ámbito de sus atribuciones.                       

En Colombia, ese sistema de frenos y contrapesos se ha venido debilitando. A tal punto que el Congreso depende por completo del Ejecutivo, le aprueba todo sin discutirlo, ni objetarlo, y la Corte Constitucional no ejerce con rigor , como debería ocurrir, la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.