Es  motivo de tristeza, de alarma, de indignación, de dolor...lo que está ocurriendo en Colombia con los niños. Prácticamente no pasa un día sin que un niño o niña sea ultrajado, violado y asesinado, en algún lugar del país. Cuando así no ocurre, un menor debe presenciar cómo su padre golpea y mata a su mamá. Porque las otras víctimas, también de todos los días, son las mujeres.

Los menores y las mujeres están completamente desprotegidos, y los sádicos y violadores deambulan en libertad y cometen sus fechorías a pesar de antecedentes y denuncias previas, al paso que las autoridades llegan siempre tarde, cuando no hay nada por hacer para salvar a la víctima.

Lejos de disminuir, aumentan los riesgos para la vida y la integridad de los niños. Las redes sociales esconden con frecuencia a depravados que conquistan a los niños, con intenciones perversas. Y lo último ha sido un juego macabro, al que pueden acceder por celular, en virtud del cual una serie de 50 retos conduce finalmente al suicidio del menor.

A lo cual se agrega el auge del micro-tráfico, que está penetrando en los colegios, sin una política efectiva que lo contrarreste.

Y son los niños los que son reclutados por los movimientos armados. Y son los niños los que mueren por desnutrición en la Guajira y en el Chocó. De modo que las agresiones contra ellos no solo provienen de la delincuencia sino también del abandono, la omisión y la negligencia del Estado.

Ante esta situación, de suyo muy delicada, la sociedad debe reaccionar. Toda la sociedad, en defensa de los niños. Desde la familia -en donde comienzan los peligros, por causa de su disolución, del descuido y de la cada vez mayor falta de contacto y comunicación-, pasando por la escuela y el colegio, e incluyendo a las autoridades, a la Policía Nacional, a los jueces -que dejan libres y conceden beneficios y rebajas a probados delincuentes-, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y por supuesto a los ministerios de Salud y Educación, carteras que, en vez de predicar el ateísmo y la ideología de género, deberían estar trabajando en forma coordinada con otras instituciones para velar por los niños, el sector más débil de la sociedad y el más vulnerable, cuyos derechos prevalecen sobre los derechos de los demás, como lo proclama el artículo 44 de la Constitución.

Recordemos el texto del precepto superior:

"Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".

Insistamos: el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la preservación de los derechos de los niños y de su desarrollo integral. En cuanto al Estado corresponde, hay que aplicar, en las leyes y en la política criminal del Estado, los principios constitucionales en favor de la vida, la integridad y la formación de los menores.