Al parecer, el Gobierno colombiano no ha tomado conciencia acerca de la grave problemática que desde hace años y en forma progresiva ha venido afectando a las cárceles.
Lo que hay allí, en las distintas ciudades del país, no es otra cosa que una crisis humanitaria, inexplicable en un Estado Social y Democrático de Derecho, que además proclama ante el mundo que defiende los Derechos Humanos y que ha llegado a una paz absoluta.
No han sido construidos nuevos centros de reclusión, y las personas privadas de su libertad se encuentran literalmente "amontonadas", peor que si de animales se tratara, y en condiciones de higiene y salubridad verdaderamente deplorables.
En algunas ciudades ha llegado el hacinamiento a tales niveles que los jueces ya no tienen adónde conducir a las personas capturadas que merecen medida de aseguramiento intra mural o que deben pagar una pena.
Como lo ha sostenido desde 1998 la Corte Constitucional, la privación de la libertad, a título de pena o con carácter preventivo, no puede significar el desconocimiento de la dignidad humana ni la vulneración de los derechos básicos. Y si la Corte declaró en esa época -hace 19 años- el estado de cosas inconstitucional, ¿qué podremos decir ahora, ante la grave crisis existente y no resuelta?
Hace cuatro años, la entonces Ministra de Justicia y del Derecho Ruth Stella Correa prometió la construcción de varias "megacárceles", que -retirada la funcionaria- jamás fueron construidas. Hoy no hay cárceles nuevas, ni grandes, ni medianas, ni pequeñas.
Algo tendrá que hacer el Gobierno para solucionar esta situación, con medidas reales y urgentes. Tenemos una emergencia social y humanitaria de grandes proporciones que no resiste más esperas, promesas ni vanas justificaciones, y que fácilmente puede degenerar en conflictos internos, en motines, en peligrosas perturbaciones del orden público en el interior de los penales. No esperemos que se repitan aquí las tragedias que han tenido lugar en países como Venezuela o el Brasil.
