Es necesario seguir insistiendo en que,  si se quiere una verdadera paz,  las Farc,  como todos los movimientos armados ilegales,  tienen la obligación de devolver a sus hogares a los miles de menores de edad que reclutaron,  en violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario, y que mantienen en sus filas.

Repetimos que el reclutamiento de menores para llevarlos -a la fuerza y contra su voluntad- a formar parte de grupos subversivos y terroristas, es uno de los peores crímenes, no solamente por la vulneración de la libertad sino por el riesgo que sufren esos niños para su vida y para su salud e integridad, y por el inmenso daño causado a las familias de los reclutados, y porque se los entrena y se los obliga a cometer delitos, crímenes horrendos, actos terroristas, violencia, y a usar las armas contra su propia gente. Por eso el reclutamiento de menores es rechazado por nuestras normas constitucionales y legales y por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

Lo que no entendemos es cómo el Gobierno permanece en silencio ante lo dicho por voceros de las Farc -organización supuestamente desmovilizada-, que ha debido cesar en su actividad delictiva, en el sentido de que no retornarán al seno de sus familias a más menores. Ni entendemos por qué la ONU, que reclama al Estado el cumplimiento del Acuerdo de Paz en cuanto a libertad de los antiguos guerrilleros, no reclama absolutamente nada sobre la prolongada privación de la libertad de los menores reclutados.

Ni entendemos por qué la prensa, que reacciona con razón contra el lenguaje ofensivo en las redes sociales, no reacciona contra el delito que se sigue cometiendo con los menores forzados por las Farc a delinquir. Ni por qué la sociedad entera no reacciona. Ni la razón por la cual no se declara por autoridades competentes que en esta materia hay incumplimiento, y por tanto pérdida de beneficios.

En todo caso, el silencio cómplice.