Todavía resuenan en los oídos de los pensionados las palabras del presidente Juan Manuel Santos cuando en 2014, en campaña por la reelección, prometió apoyar el proyecto de ley que cursaba en el Congreso para reducir del 12% al 4% los descuentos por salud que se le imponen a las mesadas pensionales.
No obstante, aprobado ese proyecto de ley en el Congreso para hacer menos difícil la situación de los jubilados y para acercar el monto de los aportes en salud a los estándares internacionales, el Presidente de la República, que lo iba a apoyar, ha objetado el proyecto, alegando una inconveniencia y una inconstitucionalidad que no existen y pidiendo que no se convierta en ley de la República.
Además del engaño a los electores -lo que de suyo deslegitima la solicitud y quita credibilidad al Jefe del Estado- resulta ofensivo para los pensionados y muy injusto e inequitativo. Mientras se destinan cuantiosos recursos para sostener a los ex guerrilleros -que dedicaron su vida al crimen, al secuestro y a la violencia, y que no aportan para salud-, los pensionados -quienes a lo largo de su vida trabajaron honestamente y prestaron grandes servicios al país- son defraudados y ven disminuidos, ya en la tercera edad, sus escasos y únicos recursos.
Simultáneamente, el mismo presidente Santos objeta también el proyecto de ley aprobado en el Congreso, mediante el cual se quiere disminuir el número de semanas de cotización exigido a las mujeres para poderse pensionar. De nuevo, discriminación en contra de personas que -al contrario de lo que practica el Gobierno- merecen un trato especial de protección, como lo exigen los artículos 13 y 43 de la Constitución. Pensando solamente en una concepción fiscalista y contraria a los postulados del Estado Social de Derecho. Como cuando se aumenta el IVA al 19%, pero el salario mínimo no se reajusta en términos reales. Equivocada e injusta política.