De nuevo hay que insistir ante quienes hoy integran nuestros tribunales en que mantener su total independencia -frente al Ejecutivo, a los otros órganos estatales y ante los intereses particulares- resulta esencial si queremos preservar la democracia y seguir siendo un Estado de Derecho.

El alemán Ingo Müller escribió un libro trascendental desde los puntos de vista histórico y jurídico -"Los juristas del horror"-, en el que habla de la pérdida de autonomía de los jueces, y a la vez narra con todo detalle, y con enorme profundidad en cuanto a los nefastos efectos del fenómeno, los terribles acontecimientos que tuvieron lugar durante los años de la Alemania nazi, cuando la administración de justicia perdió toda dignidad e independencia ante el régimen y se entregó, con docilidad y abyección, a los caprichos y malévolas políticas de Adolfo Hitler y sus secuaces, profiriendo sentencias con apariencia de legalidad y validez e incurriendo en gravísimas omisiones para complacer al gobernante.

El venezolano Eduardo Casanova escribió el prólogo, y en él se preguntó: "¿Qué pasa cuando la justicia deja de ser independiente y se hace política? ¿Qué ocurre cuando la justicia se pliega a los amos del poder en un país? En el caso de la Alemania nazi, lo que pasó fue inenarrable: No menos de seis o siete millones de ciudadanos, hombres, mujeres y niños, asesinados en un santiamén. Millones de desplazados, de muertos por hambre y enfermedades. Centenares de miles de ciudadanos perseguidos y martirizados. Miles de personas inocentes privadas de sus derechos más elementales. Centenares de miles de seres humanos condenados por jueces y fiscales que actuaban, aparentemente, bajo el imperio de la Ley".

Precisamente en Venezuela, en la Venezuela de hoy, encontramos el más patente y actual ejemplo de lo dicho: una justicia politizada. Un gobierno para el que no existe el Derecho, ni importan los derechos humanos, las libertades ni las garantías. Un Tribunal Supremo designado por la Asamblea saliente, en abierta arbitrariedad, cuando, en virtud de las elecciones, pasó a manos de la oposición. Una Asamblea que nombra -también por una vía de hecho- nuevos magistrados del Tribunal Supremo, para reemplazar a quienes no han renunciado, ni han sido destituidos, ni terminado su gestión. Un verdadero "choque de trenes", y el caos más absoluto. 

No permitamos que en Colombia pase lo mismo. Que nuestra Justicia mantenga su independencia, y que los fallos se dicten en estricto Derecho.