Sigue adelante -y eso está muy bien- la actividad del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira, quien ahora vincula al proceso iniciado por los sobornos de ODEBRECHT a varios congresistas, ex congresistas y funcionarios.

De acuerdo con lo divulgado por la Fiscalía, la suma de los sobornos pagados por Odebrecht en el país con el propósito de obtener la adjudicación de contratos estatales por esa vía ilícita, llega a casi ochenta y cinco mil millones de pesos, y es cuatro veces mayor que la cifra inicialmente calculada.

El monto aludido es verdaderamente escandaloso, pero en nuestro concepto, aunque fuera mucho menor -porque la corrupción es inadmisible y debe ser perseguida, así la cantidad sea mínima- la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia -que deberá investigar y juzgar a los congresistas involucrados- y los jueces que se ocuparán de quienes carecen de fuero, están obligados a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias. El país así lo reclama, porque la corrupción nos está asfixiando.

Esperamos que en realidad sean vinculados todos posibles los autores de los delitos, y que no haya simplemente "chivos expiatorios". La irregularidades en Navelena, en el Banco Agrario, en la aprobación y modificación de contratos sobre obras públicas, así como los demás asuntos turbios que se han venido denunciando deben ser esclarecidos, sin favorecer ni excluir a nadie, y la justicia debe operar oportunamente y con certeza.

También denuncia el Fiscal que otros funcionarios del organismo, además del ex Fiscal "Anticorrupción", Luis Gustavo Moreno -cuyo caso ha avergonzado no solamente a la Fiscalía sino al país ante el mundo-, están implicados en la solicitud y recibo de coimas y sobornos, como también ha ocurrido con jueces y magistrados de Tribunal. Todos deben responder. La actividad investigativa y de juzgamiento cuando a él haya lugar, debe ser incansable, sin pausa y sin excepciones; sin argucias y sin dilaciones injustificadas. Desde luego, respetando la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y la plena prueba de la responsabilidad penal. Pero también sin que, so pretexto de garantías, aprovechadas maliciosamente con miras a la impunidad, se dejen vencer los términos o se soliciten y concedan beneficios indebidos. Todo debe tramitarse según la Constitución y la ley, pero sin venias a la corrupción, ni contemplaciones con los corruptos.