“Respecto al poder político y al ejercicio de las potestades, facultades, funciones y atribuciones que de él se derivan, es necesario distinguir entre el concepto de legalidad y el de legitimidad.

La legalidad guarda relación con la observancia y respeto por las normas vigentes; se refiere a la aplicación de las reglas consignadas en el Derecho positivo tanto para el acceso al poder como para el uso y ejercicio del mismo, y para la toma de decisiones y la expedición y puesta en vigor de los actos correspondientes.

La legitimidad, en cambio, alude a la conformidad entre esos mismos conceptos, más allá de su legalidad, y el sentimiento colectivo, la convicción generalizada en la sociedad acerca de cómo y dentro de cuáles valores quiere ser gobernada, lo que conduce a la aceptación por la comunidad, de actos y decisiones, en el entendido de su ajuste al conjunto axiológico y de principios imperantes en ella.

Una norma, un mandato o una decisión pueden ser actos  legales pero ilegítimos. Un gobierno puede haber llegado válidamente al poder, por la vía del voto popular en una democracia, o por haberse cumplido válidamente la sucesión en una monarquía, y ser por tanto un gobierno legal, pero puede ser ilegítimo desde el principio por haber triunfado con trampa, o caer en la ilegitimidad por sus comportamientos en el ejercicio del mando, cuando abusa del poder y rompe con los valores y principios postulados por la sociedad, o cuando traiciona la confianza en él depositada, buscando su propio beneficio y no el del pueblo, o cuando atropella los derechos y las libertades. Cuando impone arbitrariamente sus designios y caprichos, contra los principios generalmente aceptados, aunque a todo le dé apariencia de legalidad”.

El régimen actual de Venezuela es un régimen de fuerza,  completamente ilegal  -por su ejercicio y sus abusos-, aunque haya sido elegido por votación popular. Un régimen que quiere dar la apariencia de democracia, y mostrar una realidad que no existe, con la vana esperanza de que el mundo crea que el gobierno socialista  entrega con generosidad a su pueblo -que pasa hambre y cuyas necesidades insatisfechas son muchas-  las herramientas  apropiadas para construir una sociedad pacífica.

Alegan sostener un Estado de Derecho, pero violan abiertamente la Constitución para convocar una Asamblea Constituyente ilegítima e ilegal. Graves hechos de arbitrariedad, violencia y muerte, agudizados en los últimos meses.

 La comunidad internacional, casi en forma unánime, afirma no reconocer  la nueva Constitución; esa que resulte de la Asamblea Constituyente, elegida en contravención de la Carta chavista de 1999.

La separación de poderes no existe. Ni los mutuos controles entre órganos del poder público. Y la Fiscal General, que se ha separado del Gobierno, muy seguramente será destituida.

Presos políticos y violaciones al debido proceso y a la libertad personal, corrupción e impunidad. ¿Qué de todo eso puede reclamar legitimidad?

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(*) www.lavozdelderecho.com , columna “Punto de referencia”, 4 de agosto de 2017.