El Congreso no debe cometer el error de reducir la reforma a la administración de justicia -como quiere el Ejecutivo- a un "mico", introducido a última hora en la reforma política.

Definitivamente, no es serio ni razonable que un asunto de tanta trascendencia para el país se tramite a la carrera y de modo precipitado, solamente para "salir con algo" ante los medios de comunicación por causa de los vergonzosos hechos descubiertos por autoridades de los Estados Unidos sobre corrupción de algunos fiscales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No se nos olvide que hay varios casos anteriores de corrupción en la rama judicial que no han sido resueltos, ni pasemos por alto que los voceros de las altas corporaciones siguen pensando que su juez debe seguir siendo el Senado, pasando por la inepta Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

No puede tramitarse como un artículo más del proyecto de reforma política, porque el Acto Legislativo 1 de 2016 contempla el procedimiento abreviado del "Fast track" única y exclusivamente para los efectos de la implementación y desarrollo del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. El tema de la justicia es mucho más amplio y profundo, y la reforma de ella no solo cobija el aspecto de la investigación y juzgamiento de los magistrados y del Fiscal General, sino muchos otros temas que exceden en mucho el delimitado campo del trámite legislativo rápido previsto en materia de paz con dicha organización guerillera.

Pero además, ya la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del tribunal de aforados aprobado por el Congreso, por sustituir la Constitución. 

Por otra parte, la reforma a la Justicia no debe ser confiada al Congreso. Allí hay muchos intereses políticos y judiciales, y todo se verá empañado por las influencias, los pactos de conveniencia y la búsqueda de impunidad para unos y otros.

La Justicia debe ser reformada, sí .y de manera urgente-, pero con un contenido integral y ante el país,  por un cuerpo independiente de elección popular que estudie con seriedad, autonomía, dedicación y conocimiento, un orden normativo que contemple las distintas facetas que presenta, para una modificación integral que permita superar de verdad la enorme crisis actual de la administración de justicia.

Una sociedad sin justicia confiable, independiente y pulcra es una sociedad llamada al fracaso