Como lo hemos sostenido desde hace tiempo, en especial a partir de las primeras denuncias contra magistrados y fiscales, es necesario preservar las instituciones, sin confundir la suerte penal o disciplinaria de cada funcionario con la función misma, en perjuicio y peligroso desgaste de las instituciones.
Sin perjuicio de la presunción de inocencia, del derecho de defensa y del respeto a las garantías procesales , en esos casos -desde luego, sobre la base de una mínima credibilidad de las denuncias y pruebas-, la persona señalada debe apartarse del cargo -no solamente del conocimiento de algunos procesos-, con el objeto de asumir su defensa sin combinarla con la función judicial y, en consecuencia, evitando así que queden en vilo –por meses y hasta por años- la credibilidad y el prestigio institucionales mientras se tramita el proceso correspondiente. Ello perjudica en grado sumo no solamente al aparato estatal sino a los ciudadanos, cuya confianza en la justicia no se puede perder ni socavar.
Todo indica que, no siendo absolutamente nuevas estas prácticas, las autoridades competentes -y las mismas entidades- no las habían descubierto y entonces avanzaron, como las peores enfermedades -de modo imperceptible y destructivo, hasta un punto en que el país, más que preocupado, se encuentra hastiado, pues el grado de corrupción, de politiquería y de delincuencia que se han podido percibir -a juzgar por lo declarado, visto y escuchado-, penetró ya y se extiende en corporaciones antaño insospechables. De modo que la reforma del sistema vigente es necesaria.
Pero, como también hemos advertido, lo peor que ahora se puede hacer es improvisar, al impulso de lo que registran los medios. No se trata de aplicar compresas para detener la hemorragia temporalmente sino de practicar la cirugía mediante la cual -una vez verificada la raíz de los males- se corrijan errores y se busque, con visión integral, reestructurar la administración de justicia en todos sus aspectos. No solo resulta necesario replantear el fuero, creando un tribunal independiente que investigue y juzgue a las cabezas de la administración de justicia, de la Fiscalía y del Ministerio Público -yo incluiría también a los presidentes y ex presidentes de la República, pues allí también hay impunidad-, sino que señale los procedimientos especiales aplicables -ágiles, eficaces y con términos perentorios- y que, además, permita a las instituciones, ante elementos de juicio serios, suspender a los denunciados -en guarda de la transparencia - mientras se adelanta el juicio. Un sistema novedoso, fundado en la experiencia, que establezca especiales y estrictas prohibiciones, con sanciones fuertes; que prevea, para los hallados culpables, además de las sanciones penales, la destitución o pérdida de investidura y la inhabilidad intemporal para el desempeño de cargos públicos y para ejercer la profesión de abogado; y que exija a los futuros jueces y magistrados prudencia, ecuanimidad, imparcialidad y criterio de justicia. Y algo esencial: invulnerabilidad ante presiones y halagos.
Obviamente, el sistema actual de postulación y selección de magistrados, Procurador, Fiscal y Defensor del Pueblo también debe ser revisad, y muy a fondo, eliminando el padrinazgo político, las campañas, la capacidad de intriga y los compromisos inconfesables, que hoy son requisitos de hecho para aspirar seriamente a ser elegido. Pero esta será materia de otra columna.
