Es verdad -y aquí lo hemos dicho varias veces- que las normas vigentes que estructuran la administración de justicia no son culpables de las trampas, los abusos y los delitos cometidos por algunos de sus ocasionales representantes. En efecto, con las mismas normas, por las altas corporaciones judiciales, por la Fiscalía, por los tribunales y  juzgados, han pasado no pocos juristas rectos, bien preparados, honestos y eficaces.

No obstante, el mal está hecho a las instituciones, y se profundiza... Hace dos años y medio cayeron el prestigio y la credibilidad de la Corte Constitucional por sindicaciones de corrupción contra un magistrado, cuyo caso no ha sido aún resuelto. Y ahora ocurre que, contra varios magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema, un Fiscal anti-corrupción y otros funcionarios, existen pruebas y testimonios sobre una terrible red de corrupción que avergüenza a Colombia ante el mundo. Algunos de ellos siguen ejerciendo su función y el escándalo continúa lastimando a la corporación y a la administración de justicia en general. 

Entonces, si bien es cierto que el problema ha sido de personas y no de las instituciones mismas, ni de la Constitución, no lo es menos que el país mira con mucha desconfianza y justificada prevención el actual sistema, porque la pregunta aflora espontáneamente: ¿Cómo pudieron los corruptos llegar tan alto? ¿Cómo fueron seleccionados? ¿Por qué no todos están presos? ¿El fuero vigente genera impunidad?

Todo eso no aconseja otra cosa que, además del juicio más estricto y rápido contra los comprometidos, una revisión del sistema, en todos sus aspectos. Y la proyección de un esquema mucho más exigente que garantice a la ciudadanía la no repetición de tan oscuros actos delictivos, y que, con carácter independiente -sin el cruce de intereses políticos y judiciales que hay en el Congreso-, un órgano de elección popular prevea una reforma integral y restaure la confianza de los colombianos en la Justicia, los valores y los principios propios de un Estado de Derecho.

Entonces, contra lo que algunos han dicho, sí se requiere una sólida y bien pensada reforma a la administración de justicia.