Como ya lo han expresado varios periodistas y directores de medios, si existe un, proyecto llevado -algunos dicen que con anuencia del Ejecutivo- a consideración del Congreso, mediante el cual se cercena la garantía a las libertades de opinión, expresión e información, y se pretende someter su actividad a censura, semejante iniciativa es inaceptable en una democracia, y no puede pasar. Si pasa, asistimos al derrumbe de un sistema jurídico libertario que hemos conquistado desde el 20 de julio de 1810.

Entendemos que se trata del proyecto de "Ley Estatutaria de Garantías de Participación Ciudadana", que, según el Gobierno, fue elaborado por organizaciones sociales y que buscaría censurar a la prensa, imponiendo sanciones a los medios que divulguen informaciones contra el  proceso o los acuerdos de paz y acerca de organizaciones sociales, sin consultarlas.

A juzgar por lo divulgado ayer, la iniciativa contempla sanciones que van hasta “la expropiación de las frecuencias y los equipos de los medios” que emitan información sobre las organizaciones sociales sin consultar previamente una fuente de estos movimientos.

De aprobarse un proyecto de ley en tal sentido, que por su misma definición y objeto sería inconstitucional, regresaríamos a las más oscuras épocas de la censura oficial, cuando próceres como Antonio Nariño fueron perseguidos, encarcelados y confiscados como castigo del régimen por haber hecho circular las ideas y por haber despertado la libre expresión del pensamiento en la hasta entonces resignada sociedad colonial.

Respaldamos a quienes, desde los medios, han protestado, y agradecemos a quienes han dado la voz de alerta sobre el esperpento.

Todo aquello que implique previa consulta sobre informaciones u opiniones significa censura, como lo ha dicho varias veces la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La censura está prohibida en el artículo 20 de la Constitución, desde luego, sin perjuicio de la responsabilidad social posterior, o de la que se debe asumir por atentar contra la honra, el buen nombre o la intimidad de las personas.

Consideramos que ese proyecto, que el Gobierno afirma no haber presentado, si lo ha sido, debe ser retirado, o, en su caso, archivado de inmediato en guarda de la democracia y la libertad.