El censo de población programado por el DANE, por internet y a las malas -con amenazas de  altas multas para quienes no resulten censados-, es otra gran equivocación del Gobierno y está muy mal planificado.

En primer lugar, contrariando el artículo 13 de la Constitución, es discriminatorio por varios motivos:

1)    Otorga ventaja a aquella parte de la población que goza de las posibilidades brindadas por la tecnología, que es, como sabemos, minoritaria. No todos los colombianos, en especial en zonas apartadas y abandonadas del territorio, tienen ordenadores, ni la facilidad de acceder a la red, lo cual de suyo implica un trato diferente, a favor de quienes tienen más y en detrimento de quienes tienen menos o no tienen nada, estableciendo de entrada dos categorías de ciudadanos.

2)    Querían excluir a las personas con discapacidad, y si no ha sido por la presión pública, el Presidente Santos no hubiera ordenado al Director del DANE su incorporación al censo.

3)    Está excluida la población campesina, como si no perteneciera a Colombia, y como si sobre ella el Estado no quisiera tener información acerca de sus necesidades y problemas, ratificando ese criterio discriminatorio e inequitativo que desde hace años ha predominado en contra de los campesinos.

Por otro lado, es un censo con demasiadas preguntas, muchas de ellas muy complejas y difíciles de responder, como las que se refieren a los materiales de construcción de las viviendas y a detalles técnicos que no todos sabemos responder con exactitud o que de verdad no conocemos. Parece que los tecnócratas que las elaboraron quisieran, como los malos profesores a sus estudiantes, "rajar" a los encuestados.

En un contrasentido que desconoce el principio jurídico según el cual "nadie está obligado a lo imposible", se encuentra que, mientras por un lado amenazan a las personas con multas si no se censan, hay dificultades técnicas para acceder, que en muchos casos han implicado una total imposibilidad para el registro de datos. Hemos recibido muchas quejas de ciudadanos a quienes, a pesar de su buena voluntad,  ha sido imposible llegar al cuestionario, por congestión y colapso de la página. Otros dicen que, cuando llegan, después de gran constancia y esfuerzo, el sistema es demasiado lento y engorroso. El propio DANE admitió que nada más el primer día -y ha seguido ocurriendo- cerca de 3.000 personas intentaron registrarse cada segundo, y ello ocasionó que el portal colapsara. Dijo el Director del DANE :“Sobrepasó todas las previsiones y los modelos que habíamos evaluado con expertos y estamos trabajando en eso” No lo ha hecho a satisfacción, pero la amenaza de altas multas continúa.

Además, los técnicos nos dicen que el sistema no escapa a la manipulación que algunos pueden intentar para distorsionar los resultados, y que muchos datos se van a prestar también para manipulación política.

Es un sistema inseguro, que no ofrece toda la credibilidad que debe merecer un censo, en el que se basan muchas cosas, entre ellas las políticas económicas y sociales del Estado y nada menos que la composición de corporaciones como la Cámara de Representantes, cuyo número de integrantes para la circunscripción territorial depende del número de habitantes, según las reglas constitucionales (Art. 176 C,P.).

Un censo de población no se debe programar con tantas inseguridades y dificultades, ni con criterios discriminatorios. La verdad, deberían aplazarlo.