Ha venido ocurriendo que en distintos lugares del territorio, por razón de protestas, abucheos y ataques físicos a las caravanas de las campañas, no se han podido llevar a cabo en un clima tranquilo y sosegado las presentaciones públicas de los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso, pertenecientes al nuevo partido político de las FARC.

Con independencia de si todas las expresiones populares de rechazo a alias "Timochenko" y sus correligionarios han sido espontáneas o provocadas por dirigentes políticos locales de otros partidos, conviene analizar lo acontecido.

Digamos ante todo que, sin duda, en el país se ha visto un generalizado rechazo a la manera como se han venido dictando y aplicando las normas destinadas a implementar los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc-EP. No se nos olvide que, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 la que triunfó fue la opción negativa, aunque el Gobierno no lo haya reconocido y aunque el Congreso haya suplantado al pueblo en la refrendación del segundo de los acuerdos firmados (el del 24 de noviembre de 2016).

Desde luego, con criterio democrático, debemos decir que lo mejor habría sido permitir que todos los aspirantes, incluidos los de las Farc, presentaran pacíficamente sus propuestas de campaña, y ya en las urnas se vería si los sufragantes las acogían o las rechazaban. Pero también debemos reconocer que la reacción popular es cuando menos explicable, ante el hecho de que se ha dado paso a las aspiraciones políticas de personas sindicadas como máximas responsables o ejecutoras de la comisión de crímenes atroces, de guerra o de lesa humanidad, sin haber pagado pena alguna y sin haberse sometido a las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes. La impresión general de la población es la de que este proceso, aunque no se anunció así y aunque se ha instalado la Justicia Especial de Paz, ha significado en la práctica la impunidad, sin que hasta ahora haya habido verdad, justicia, reparación, ni garantías de no repetición.

Todo esto se habría podido evitar si el tránsito de los antiguos guerrilleros a la institucionalidad y a la política -que es lo natural en todo proceso de paz- se hubiera producido, como varias veces lo aconsejamos, sin trastocar las etapas del proceso. Aplicando primero la justicia. Estableciendo la verdad. Con un verdadero y sincero arrepentimiento y una actitud del Estado que hubiera exigido actos como liberación de todos los secuestrados, liberación de todos los menores reclutados, entrega de todos los bienes para la reparación a las víctimas. Y que sólo después de los fallos de la Justicia se hubiese podido participar en la política, ya en paz con la sociedad y con las víctimas.

Pero el Gobierno, el Congreso y la Corte Constitucional, en decisiones muy discutibles, no lo permitieron.

En todo caso, sigue siendo nuestra convicción que lo mejor es un proceso político pacífico, y que cada cual vote según su criterio.