Lo que ha encontrado la Fiscalía en algunas campañas para las elecciones del domingo pasado -y parece que se trata apenas de la punta del iceberg- es vergonzoso y muy grave.

No ha sido posible,  en Colombia,  erradicar la compra de votos,  ni deslindar la corrupción de una actividad que debería ser tan digna como la política.

Que políticos, quienes -por su misma función y por el papel que juegan en la sociedad- aspiran a asumir posiciones de comando en su interior y deberían llegar a las más altas dignidades únicamente sobre la base del argumento y del juego limpio,  sean capaces de pagar por votos y de hacer todo un montaje delictivo para el efecto, y que los ciudadanos estén dispuestos a la venta de sus conciencias por unos pocos pesos,  es algo inconcebible en una democracia.  Escapa a toda concepción acorde con una ética,  así sea mínima,  que tendría que imperar en una sociedad medianamente civilizada. Habla muy mal del sistema y desconoce los principios fundamentales del ordenamiento.

Por supuesto,  merece felicitación la Fiscalía por lo que ha podido investigar y establecer. Y lo que se espera es justicia rápida y eficaz.

Operará la figura de la "silla vacía",  en los términos del artículo 134 de la Constitución, a cuyo tenor "en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática (el sufragio es quizá el más importante de ellos y es de la esencia de la democracia), ni por delitos de lesa humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos. Y ello porque no solamente deben ser sancionados los candidatos corruptos y sus secuaces,  sino los partidos políticos,  que están obligados a responder ante el país por los avales que otorgan.

 El Procurador General ha solicitado en las últimas horas al Consejo Nacional Electoral que no tramite el otorgamiento de la credencial por una elección para el Senado obtenida ilícitamente. Estamos de acuerdo, pues jamás el delito debe ser fuente de derechos.

Ahora bien, no solamente debería existir en el interior de cada partido o movimiento un estricto control previo sobre los antecedentes y hojas de vida de quienes aspiran al aval,  que de suyo implica un respaldo y una solidaridad,  sino comisiones de ética y moralidad pública compuestas por personas ejemplares,  que impidieran el acceso al aval ante la más mínima sospecha de corrupción o ante antecedentes que lleven a la desconfianza. Para los partidos la sanción política debe ser muy fuerte,  y lo es según la Constitución. No puede haber reemplazo del congresista condenado,  ni para el vinculado a un proceso penal.  Y el sistema debería ser aún más estricto: no solamente por los delitos enunciados,  sino por cualquier delito.