Lo que resulta inconcebible es que, después de tantos años de saber cómo hacen política algunos dirigentes –porque no son todos-, no haya sido posible para el Estado colombiano erradicar las prácticas ilícitas, purificar los procesos electorales y las listas que reciben el aval de los partidos, ni deslindar la corrupción del sano ejercicio democrático. Se han dictado muchas normas, y se han proferido circulares e instrucciones del Ministerio Público, pero nada cambia, y, por el contrario, todo indica que quienes carecen de escrúpulos y de una mínima moralidad pública siguen empeñados en la trampa y la compra de conciencias.

Decíamos en reciente programa radial algo en lo que queremos insistir: no debemos permitir que políticos inescrupulosos sigan llegando por caminos fraudulentos a asumir posiciones de comando en nuestra sociedad. Los políticos, en una genuina y limpia concepción de la política y precisamente en razón del alto nivel de sus aspiraciones, tendrían que ser los abanderados que ejercieran el liderazgo en la lucha contra la corrupción.

En cuanto al Estado, está obligado a la pedagogía constitucional y a la difusión de los valores de la democracia, y tendrá que emprender campañas, con la ayuda de los establecimientos educativos y de los medios de comunicación, para formar la conciencia ciudadana. La compra y venta de votos son formas de enturbiar la convivencia y de ofender al ciudadano.  Escapan a toda concepción de dignidad, acorde con una ética indispensable en cualquier competencia, con mayor razón la que lleva a la selección de legisladores y gobernantes, y tendría que imperar en una sociedad medianamente civilizada.

Han actuado Fiscalía y Procuraduría. Se espera ahora una justicia rápida y eficaz, que sancione y aplique el ordenamiento a los corruptos.

Operará, desde luego,  además de las sanciones penales, la figura de la "silla vacía",  y en algunos casos de congresistas en ejercicio, la pérdida de investidura.

 Ahora bien, no solamente debería existir en el interior de cada partido o movimiento un estricto control previo sobre los antecedentes y hojas de vida de quienes aspiran al aval,  que de suyo implica un respaldo y una solidaridad,  sino comisiones de ética y moralidad pública compuestas por personas ejemplares,  que impidieran el acceso al aval ante la más mínima sospecha de corrupción o ante antecedentes que lleven a la desconfianza. Para los partidos la sanción política debe ser muy fuerte,  y lo es según la Constitución. No puede haber reemplazo del congresista condenado,  ni para el vinculado a un proceso penal.  Y el sistema debería ser aún más estricto: no solamente por unos pocos delitos,  sino por cualquier delito.