Lo que haya pasado con los dineros destinados a la paz, al post conflicto y a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, es algo que reclama investigación inmediata y a fondo. El país y la comunidad internacional tienen derecho a saberlo y los órganos de control y la Administración de Justicia tienen la obligación de establecerlo pronto y plenamente.

Resulta inconcebible y sobre todo vergonzoso que haya tenido que mediar petición de Noruega,  Suiza y Suecia - países que,  de buena fe,  donaron cuantiosos recursos  con destino específico al post conflicto,  tras los ruegos internacionales del Presidente Santos -  para que se haya comenzado a tratar el tema,  y para que el Gobierno haya dicho algo.

Supuestamente el Gobierno ha "rendido cuentas"  al respecto,  pero,  digámonos la verdad,  las explicaciones son incompletas,  no hay claridad y falta mucho por conocer y entender.

En todo asunto relacionado con la gestión y el manejo de recursos,  en especial si son públicos,  debe haber transparencia,  claridad,  publicidad. Aún más cuando hay de por medio aportes o apoyos económicos internacionales y,  más todavía,  cuando se trata de un proceso como el de la paz.

Al tema del manejo de recursos con destino al post conflicto,  en donde tantas cosas deben ser aclaradas de inmediato,  se suma lo que está ocurriendo en el interior de la recién inaugurada Jurisdicción Especial de Paz,  JEP.  Allí tampoco hay claridad,  hay recursos embolatados,  y ni siquiera ha comenzado a operar.  Ha renunciado su Secretario General y Administrador,  y si algo hay es mucha confusión.

Así que la Fiscalía,  la Procuraduría y la Contraloría tienen mucho por indagar.  El Gobierno Nacional y sus funcionarios tienen mucho por explicar.  Y,  si hay delitos,  caiga quien caiga,  los responsables deben ir a la cárcel, sin prebendas ni beneficios.  Los dineros deben aparecer,  o lo que se hizo con todo o parte de ellos,  debe ser exhibido con transparencia ante los colombianos y ante los países donantes.  Y,  algo trascendental,  debe haber responsabilidades políticas, inclusive al más alto nivel.