Se suponía que estaba de por medio el interés prioritario de la paz, y que para ello -únicamente para ello, con esa destinación específica- fueron dirigidos unos fondos a satisfacer las necesidades de los desmovilizados y de sus familias, para implementar la Jurisdicción Especial de Paz JEP, y para facilitar la participación en política de los antiguos guerrilleros, en el nuevo partido por ellos conformado.

Al parecer, según las múltiples denuncias formuladas en estos días, nada de eso se ha logrado -como debería haber sido- con transparencia y pulcritud. Hay mucho cabo suelto; una ostensible falta de control, y muestras de corrupción, fraude y abuso.

La Fiscalía General ha señalado la existencia de múltiples irregularidades en proyectos de avicultura, agricultura, piscicultura e infraestructura;  en los procesos de contratación; en la selección de los contratistas; acceso de intermediarios a información privilegiada sobre proyectos en trámite y adjudicaciones, lo que habría derivado compensaciones económicas a funcionarios para intervenir en la gestión de los recursos; injerencia de particulares en la celebración de contratos; coimas y otras formas de saqueo de esos recursos públicos.

El Fiscal General ha revelado la forma en que operaba una red de corrupción que cobraba comisiones por tramitar proyectos sociales que se crearon en el marco del posconflicto, los cuales en su mayoría son financiados con recursos extranjeros.

Del cartel - liderado por Marlon Marín, hoy en Estados Unidos, informante de la justicia norteamericana- y de sus actividades hay más de 80 mil registros telefónicos desde enero de 2017, después de firmada la paz. Han identificado a 12 personas intermediarias, que recibían y repartían coimas en los proyectos que se creaban para los desmovilizados.

Todo eso, además del escándalo que estalló en el interior de la JEP, por denuncias de su antiguo Secretario, acerca de una exagerada e injustificada fronda burocrática y de problemas también en los procesos de contratación. 

Y en cuanto a la participación en política de las FARC, desviaron los dineros del anticipo a cuentas particulares y al parecer los dineros están embolatados.

Es muy grave que esto ocurra, que no haya consecuencias, ni responsabilidades jurídicas ni políticas.

¿Qué dice el Gobierno de todo esto?