El triunfo del candidato Iván Duque Márquez en primera y en segunda vuelta fue inobjetable. Una mayoría, en segunda vuelta, superior a los diez millones de votos no solamente muestra que el pueblo colombiano quiere un verdadero cambio en la conducción del país, tras ocho años de desprestigiada y errática administración, sino que modifica nítidamente el nuevo mapa político.

Colombia ha resuelto respaldar el concepto político de Duque y sus propuestas, lo que significa un mandato claro y contundente, que le permitirá gobernabilidad. Pero a la vez ese amplio apoyo de muchos sectores lo compromete, porque muchos son los desafíos a los que se enfrenta, muchas las necesidades del país y muchos los errores del actual gobierno que el nuevo gobernante debe corregir, y hacerlo de manera rápida y a fondo.

Desde luego, también Gustavo Petro obtuvo una alta votación -la más alta de un candidato de izquierda en la historia de Colombia- y asumirá como Senador de la República -según lo dispuso el Acto Legislativo 2 de 2015- y conducirá la oposición, como corresponde a la dialéctica de la democracia. 

El Presidente electo  habrá de comenzar -suponemos- por designar un gabinete sólido y preparado, ojalá técnico, mejor que surgido de recomendaciones y compromisos políticos. Un cuerpo ministerial y administrativo que, en las distintas áreas, inicie con prontitud la tarea de sentar las bases firmes de una actividad de gobierno que reconstruya y planee hacia el futuro los objetivos del Estado Social y Democrático de Derecho.

El Gobierno que se instala el próximo 7 de agosto tiene a su consideración y examen varios  temas delicados y de trascendencia, la mayoría urgentes: lo primero, en nuestro concepto, restablecer la institucionalidad, la vigencia efectiva de la Constitución y la observancia del orden jurídico, tras el desorden generado por las confusas normas expedidas de manera precipitada en desarrollo de los acuerdos de paz; en cuanto a éstos, si bien el Presidente no debe ni puede destruirlos -ni se le puede exigir eso porque pondría en riesgo la paz de la Nación-, hay cambios y ajustes que resultan indispensables, particularmente en materia de Jurisdicción Especial de Paz, y en cuanto a la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas del conflicto y el cumplimiento del compromiso de no repetición. Habrá que decidir sobre la extradición de los desmovilizados que reincidan en el narcotráfico. 

Por otra parte, es necesario afrontar el problema que genera la grave expansión de los cultivos ilícitos en el territorio colombiano; el narcotráfico y el micro tráfico, éste último generado por la nefasta dosis personal de estupefacientes. Y atacar también la minería ilegal y la deforestación, que tanto daño causa.

Es imperativa la lucha contra la corrupción que se ha apoderado no solamente de instituciones estatales sino de entidades privadas, y que ha afectado inclusive a la cúpula de la administración de justicia. Está convocada para agosto la consulta popular anticorrupción, que ya cuenta con el concepto del Senado y que, si es aprobada, obligará a introducir reformas, algunas de ellas de nivel constitucional.

Hay que acabar con la mermelada, con los denominados cupos indicativos,  y con las prácticas políticas y administrativas corruptas. Y llevar a la cárcel a los corruptos, sin contemplaciones ni beneficios. 

Se requiere reestructurar la rama judicial y buscar que los jueces y magistrados recuperen para ella el prestigio y la confianza que ha perdido.

Y también es urgente restaurar un sistema tributario razonable que modifique la actual estructura  fiscalista, tan perjudicial para empresas y trabajadores.

En fin, es mucho lo que tiene por delante, como compromiso con Colombia, el Presidente Iván Duque.