Mientras en el mundo se estima que Colombia ha dado importantes pasos en la defensa y protección de los derechos fundamentales –primordialmente, gracias a ese valioso instrumento judicial-, aquí no faltan los enemigos de la tutela, que pretenden, contra la voluntad del ciudadano del común, despojar al pueblo del único mecanismo que -por su informalidad, inmediatez, carácter sumario y facilidad de acceso- ha logrado acercar la jurisdicción a los problemas reales y concretos de millones de personas.
Si de paz hablamos, es lo cierto que la acción de tutela ha sido y sigue siendo una forma jurídica -adecuada y exitosa- de propiciarla y sostenerla, porque, como lo sostuvo la Corte Constitucional desde sus primeros fallos, la paz consiste, ante todo, en el respeto e intangibilidad de la dignidad y los derechos esenciales de toda persona.
La Constitución unifica el ordenamiento alrededor de sus valores y principios. Y ello, entre otras razones de carácter histórico y jurídico, porque la Constitución es GARANTÍA. Finalmente, la función fundamental de una Constitución democrática consiste en garantizar los derechos y las libertades de los gobernados, previendo instrumentos de control y restricción del poder, y formas de reivindicación y reparación al alcance del pueblo, para contrarrestar y sancionar los abusos y arbitrariedades del poderoso.
