Aquí se registra una desaforada violencia sexual  contra menores. Solamente entre enero y marzo de 2018, en Bogotá,  reportados  1041 casos de abuso sexual contra niños. En 2017, según el ICBF, denunciados, cerca de 5.000.

Más de 10.000 menores víctimas de violencia intrafamiliar cada año, y, como lo dice el ICBF, no existe un sistema de información  para un seguimiento realista de la creciente violencia desatada.

El problema no se tiene por falta de  normas protectoras. Las hay muchas,  constitucionales,   penales, convenciones y tratados internacionales que obligan a Colombia.

El artículo 44 de la Carta Política establece que  los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Que gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia, y  que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales, además, prevalecen sobre los derechos de los demás.

Urge que el Estado diseñe una política de verdadera y efectiva protección de los niños, y verifique el real cumplimiento de las normas vigentes. Lo que ahora se presenta es  un oscuro presente y un peor futuro  para nuestros niños. Violencia física. Violencia moral. Violencia sexual. Casos no denunciados. Falta de solidaridad. Impunidad. Indolencia de autoridades.

Los medios se ocupan del caso de una actriz colombiana golpeada en México por su novio -otro actor colombiano-, sin que las autoridades judiciales y de policía de ese país le hubieren hecho justicia.

Un caso grave, sobre cuyas consecuencias jurídicas se debería resolver en un ámbito de cooperación judicial internacional para garantizar que el maltrato no quede impune. Pero no es el único, aunque cabe decir que gracias a los medios se conocen,  cuando menos, ejemplos, que contribuyen a que se despierte la sociedad. Porque, al parecer, lo que no se divulga en ellos, o lo que no se refiere a personajes, es como si no existiera. Nos indignamos ante el caso divulgado, no frente a la situación generalizada, que en materia de violencia se ha venido tornando de gravedad extrema.

No es el caso de la actriz únicamente. No son apenas los casos que han divulgado los medios sobre violencia contra  menores o mujeres. Son miles; situaciones aberrantes; violencia intrafamiliar; daño a los más débiles; tendencia enfermiza al maltrato y a la agresión, que parece haber echado raíces en nuestra sociedad como si se tratara de algo normal. Una sociedad que observa lo que pasa y que protesta algunas veces mediante respaldos simbólicos de escasa duración –como el de la mano en el ojo-  que de nada sirven en la práctica.

Hay que asumir el problema y formular, de verdad, una política integral relativa a la actividad de las autoridades, la aplicación efectiva de la justicia, la educación de niños y jóvenes, la toma de conciencia colectiva, más allá de la indignación por un caso concreto.