La credibilidad en la justicia Colombiana es nula, el desprestigio de la rama judicial, generado por  los escándalos que protagonizaron, el extraditado fiscal anti corrupción y magistrados de las altas cortes, PRETELT, MALO, RICAURTE, (capos del cartel de la toga), hicieron un daño al buen nombre y a la imagen que durante años, honorables e impolutos hombres, que entregaron sus vidas  en el Holocausto del Palacio de Justicia, y otras generaciones posteriores al sacrificio,  que actuaron como guardianes de la Constitución, construyendo seguridad jurídica estabilidad y las garantías a los derechos de los ciudadanos.    

La administración de justicia, cuyo objetivo esencial, es garantizar la  resolución de los conflictos,  creados en el desarrollo de la vida cotidiana de los habitantes, es de tal importancia dentro de la organización del estado, que la rama judicial hace parte de “las  tres ramas del poder público” con  autonomía e independencia, de las otras ramas.

 

De igual manera en el modelo establecido se hace indispensable que los funcionarios que la conforman, como condición esencial y necesaria sean autónomos e independientes.

 

Quienes han generado el daño, desprestigiando la sagrada institución, se han aprovechado de la autonomía e independencia de su investidura, para alcanzar beneficios propios, creando el “CARTEL DE LA TOGA” 

 

Empresa criminal, liderada y conformada, por quienes debían administrar justicia en nombre de la república de Colombia, justicia que no se les aplica de manera ejemplar, ni siquiera aplicando sanciones disciplinarias que los excluyan del ejercicio de la profesión o la extinción de dominio a todos sus bienes, como lo hacen con los narcos, siendo estos unos criminales de la toga. 

 

Los principios rectores que se “consagran” en la Constitución de 1991, desde su preámbulo y primeros capítulos donde, reiteradamente, se proclama la justicia como una de las finalidades del Estado y se alude a la intención de alcanzar y asegurar la vigencia de un orden social justo se ha convertido en letra muerta y la constitución ha dejado de ser la carta magna, para terminar siendo un obsoleto cementerio de ideas, la cual modifican para complacer las prioridades y caprichos del gobierno de turno, todo ocurre mientras los más destacados juristas del país, se ponen al servicio de las mafias de la politiquería, de sus intereses y algunos desesperados sin saber en que invertir su tiempo se ponen a cantar “o sole mio” con pinta italiana.

 

El futuro judicial del país es incierto, no hay quien quiera asumir la defensa de la Constitución, no existen juristas ocupados en ser guardianes de la Carta Política; el predominio del interés particular destruye el interés general, la  política de “derecha, de izquierda, del centro”   están encaminados a obtener  sus intereses políticos económicos y a salir absueltos de los delitos que les imputen, al precio que tengan que pagar. 

 

Para el pueblo  se preparan duras reformas tributarias, cargadas de impuestos y leyes encaminadas a la impunidad con grandes probabilidades de ser sancionadas y aplicadas, favorecidas por la ausencia de un control constitucional y jurídico; mientras las ciudades y pequeños municipios lloran a sus muertos, a manos de la delincuencia común que crece de manera indiscriminada, sin afectar a los dirigentes de las tres ramas del poder público, porque estos transitan libremente en carros blindados, muy bien escoltados, mientras el constituyente primario, muere apuñalado por defender su teléfono celular.  No hay quien investigue, no hay quien juzgue. 

 

El Estado Social de derecho se encuentra al revés y la justicia perdió el año. 

 

 

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