Si el Estado de Derecho implica que gobernantes y gobernados estén sometidos a unas reglas que establecen la Constitución, las leyes y demás normas jurídicas, de allí se desprende algo elemental: no puede operar el Estado de Derecho si esas reglas no se cumplen; si cada cual, so pretexto de interpretación, las aplica a su manera, o del modo en que dicha interpretación más le convenga, tal como está pasando en Colombia. Y, peor aún, si las instituciones judiciales, encargadas de orientar esa interpretación y la debida aplicación de las normas -cuyo número y diversidad, además, se incrementan todos los días- son volubles,mudables, incoherentes, inestables en su jurisprudencia, como ha venido pasando en los últimos años con las sentencias de nuestra Corte Constitucional.
¿Qué surge, para la sociedad, de tan indeseable estado de cosas, que, en últimas, significa inseguridad jurídica? Ni más, ni menos, el caos. Y en medio del caos, la imposibilidad de hacer valer los principios tutelares del ordenamiento jurídico: la justicia, la igualdad, la libertad, la paz. Todo queda librado a lo que cada autoridad y cada organización, grupo o individuo quiera poner en práctica, eso sí, siempre invocando su propio concepto sobre el alcance de las normas.
Es lo que ha venido ocurriendo con los resultados del plebiscito de 2016, la implementación del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-, la política estatal contra el narcotráfico, el uso o no uso del glifosato, la erradicación de cultivos ilícitos, el "fracking", las consultas populares para exploración y explotación de recursos del subsuelo, la política fiscal de los gobiernos, el financiamiento fiscal, las reformas tributarias, los diálogos con el ELN, los derechos de las víctimas del conflicto armado, los derechos de las comunidades indígenas, las relaciones con Venezuela, las relaciones con Estados Unidos...y con muchos otros temas, en que un día se dice una cosa, al día siguiente la otra y más tarde otra distinta, para regresar muchas veces, sin ningún orden ni concierto, a posiciones iniciales.
Y todo ello, cuando más se requieren la sindéresis, el uso de la razón, la búsqueda de la prevalencia del interés general y, más que todo, el Derecho, indispensable en toda sociedad.
