La seguridad jurídica, al lado de la justicia, es uno de los valores esenciales del Derecho. Consiste en la existencia de una mínima certidumbre acerca de las reglas imperantes en el seno de la sociedad, de suerte que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos, sus obligaciones, sus cargas; aquello que le está permitido; lo que le está prohibido; lo que es lícito y lo que es ilícito; el marco legal de su actividad; las previsibles consecuencias de sus actos y de los hechos con relevancia jurídica; lo que se espera de la aplicación de las normas vigentes por parte de las autoridades, de la administración y de los jueces; lo que puede y lo que no puede reclamar; las competencias y facultades de los órganos y servidores públicos que algo le pueden exigir, o que están habilitados para investigarlo, juzgarlo y sancionarlo; las condiciones en medio de las cuales puede tomar decisiones de orden personal, familiar, laboral, económico, sin ser sorprendido por normas desconocidas o por fallos o resoluciones totalmente imprevistas que cambian bruscamente las reglas de juego.
La seguridad jurídica corresponde a una estabilidad normativa y a una previsibilidad razonable sobre las relaciones jurídicas entre particulares y de éstos frente al Estado y las autoridades. Un ordenamiento jurídico debida y previamente comunicado, que genera en gobernantes y gobernados una certeza acerca de sus prescripciones, prohibiciones, restricciones, opciones, condiciones y reglas vigentes, y sobre los distintos ámbitos de competencia en la adopción de decisiones por parte de las autoridades.
El Tribunal Constitucional español sintetizó la seguridad jurídica expresando que "supone la expectativa razonablemente fundada del ciudadano sobre cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho” (STC 36/ 1991).
Cuando falta la seguridad jurídica, bien porque las reglas de juego no han sido establecidas con claridad suficiente, o no han sido comunicadas, o bien porque autoridades administrativas, jueces o tribunales adoptan determinaciones arbitrarias, o cambian inopinadamente sus decisiones y sorprenden al ciudadano, que tenía otras expectativas razonablemente fundadas en el sentido del ordenamiento jurídico, la consecuencia es natural: se entroniza en la sociedad un estado de cosas imprevisible, incierto, inestable, de creciente zozobra, incertidumbre y temor, y las personas tienden a obrar según sus propias conveniencias, sin atención al Derecho, ya que éste se percibe inútil o peligroso.
Es lo que, desde hace un tiempo, viene ocurriendo en Colombia, a partir de leyes y providencias judiciales inestables e incoherentes.
