Gracias a los adelantos tecnológicos, hoy disponemos de las denominadas redes sociales, cuya probada aptitud hace posible el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, garantizados en la Constitución (Art. 20) y en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia.

Como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Constitucional, toda persona está en el derecho de expresar con libertad su pensamiento y opiniones, y hoy tiene a su disposición  muy diferentes modalidades de comunicación que a todos brinda la tecnología en el mundo moderno. Lo propio puede afirmarse en lo que respecta al libre flujo de la información, a la que debe tener acceso cualquier persona, tanto para entregarla como para recibirla (lo que, en el lenguaje jurisprudencial, se conoce como un derecho de doble vía).  A ello se agrega que, según nuestra Carta Política, no habrá censura, aunque sí responsabilidad, en todo caso posterior, cuando se afecta el buen nombre o la honra de terceros.

Así que, en lo que toca con los señalados derechos -como lo hemos dicho varias veces-, las redes constituyen valiosos instrumentos, en cuanto facilitan el acceso general y directo a  la comunicación (un derecho humano de primer orden), y pueden ser de gran utilidad para importantes logros y ayudas en favor de la sociedad.

Infortunadamente, las redes han sido y son mal utilizadas por algunos, y aprovechadas por otros para finalidades no benéficas, que distorsionan su propósito.

En efecto, abusando de la libertad propia de las redes sociales, no son pocos los que las convierten en canales propicios para el insulto, la vulgaridad, la ofensa o la amenaza. Otros las usan para la difusión de noticias falsas y para informaciones que tergiversan la realidad. En muchas ocasiones son utilizadas para calumnia y para injuria. Se manipula muchas veces la información y se aprovecha la desinformación. Y hasta se desfiguran decisiones judiciales o administrativas. Aún más grave es la convocatoria que se hace por parte de algunos para la comisión de delitos: se incentiva y se instiga, llamando inclusive al homicidio y a la violencia. Se descalifica y se ataca sin fundamento razonable.

Otro es el caso de dirigentes políticos de distintas tendencias -en especial los extremistas-, que se valen de las redes, con ejércitos manipulados de supuestos usuarios, con el objeto de desfigurar realidades, de afrentar a los contrarios, de justificar conductas delictivas o de provocar determinados efectos sociales o mediáticos.

Algunos otros -quizá sin mala intención- escriben sin cuidado en el lenguaje, en los términos, en la ortografía. Usan palabras inapropiedas y no son pocos los casos en que, por inadecuado manejo de tildes y signos de interrogación y admiración, al leer no se entiende si quien escribió afirma o interroga; si habla en primera, segunda o tercera persona; si en plural o en singular; si está criticando o apoyando. En esto se necesita también algo de educación.

Entonces, más que regulación por parte del Estado, lo que resulta necesario es una actividad pedagógica que conduzca a un uso civilizado y verdaderamente útil de tan valiosos instrumentos.