Como lo hemos dicho varias veces, uno de los puntos de mayor importancia que deben ser incluidos en una reforma integral a la administración de justicia -si es que alguna vez se tramita con éxito- es el relativo al restablecimiento de la plena independencia, autonomía y despolitización  de los altos tribunales -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral- y de cargos como el de Fiscal General, Procurador General, Contralor, Defensor del Pueblo, Registrador del Estado Civil.

Para todos esos cargos, lo fundamental debería ser, en vez del apoyo político partidista, de la recomendación, o de la influencia del Gobierno en ejercicio, el mérito, el conocimiento, la hoja de vida, la trayectoria, la formación y preparación académica, los antecedentes, la especialidad y experiencia. Y, por supuesto, sería necesario que la postulación y elección, para acceder a tales dignidades tuviera lugar con participación de las universidades y academias, y de concursos abiertos y democráticos a nivel nacional, rechazando por completo la actual práctica según la cual los candidatos se ven precisados a adelantar "campañas", a recorrer pupitres y despachos rogando apoyos y votos, y a prometer burocracia y futuras decisiones. Eso corrompe, compromete y sienta precedentes indeseables.

Por eso, nos habría parecido mejor una elección de Fiscal General con base en un proceso abierto, un concurso, y con total independencia del Gobierno. No fue así, pues el Presidente de la República derogó un decreto que se refería a una convocatoria pública de aspirantes y elaboró una terna con subalternos suyos.  

A pesar de ello, se debe destacar la preparación académica y conocimiento del nuevo Fiscal, el Dr. Francisco Barbosa, elegido tras accidentado proceso por la Corte Suprema de Justicia. Estará obligado a demostrar su plena independencia respecto al Gobierno. Su autonomía. Y adelantar una tarea propia de su delicada función, ágil y eficiente, sin estar pensando en antiguos clientes o amigos -como ocurrió en el pasado-, ni en satisfacer al Ejecutivo.

Creemos que será así, y le deseamos muchos éxitos, por el bien de la administración de justicia y por el país.

No parece justo descalificarlo o criticarlo desde antes de iniciar su período. Serán sus ejecutorias y sus actos los que nos permitirán evaluar la gestión que emprende.