Si a tan vergonzoso hecho agregamos los desalojos arbitrarios adelantados en estos días por unidades policiales mediante actos de innecesaria violencia, que dejan niños muertos; los ya cotidianos asesinatos de líderes sociales, indígenas, campesinos y desmovilizados en distintas regiones del país; nuevas ejecuciones extrajudiciales; auge del narcotráfico; inseguridad; asaltos a residencias y establecimientos de comercio; insolidaridad; amenazas y ataques a los médicos y personal sanitario en razón de sus funciones; aprovechamiento de la pandemia para obtener fines ilícitos; corrupción…, en fin, lo que tenemos es el desolador panorama de una sociedad enferma, y no solo por coronavirus.
Ahora bien, hablando de enfermedad y de pandemia, están próximos acontecimientos –también graves- de otro tipo: el segundo día sin IVA (programado para el viernes); el prematuro regreso de los niños a las aulas, a clases presenciales, en el que insiste el Gobierno pese a las advertencias sobre el inmenso riesgo que ello comporta; la reanudación de vuelos comerciales; la reapertura de industrias, obras, comercios e iglesias; la salida de mucha gente a las calles, en plena pandemia, gracias a las muchas excepciones previstas en decretos legislativos dictados con el pretexto de reactivar la economía. Todo eso, precisamente cuando el número de contagios es cada vez mayor y el de muertes por día aumenta de modo alarmante en el país, sin que se tenga una adecuada infraestructura hospitalaria para los indispensables cuidados intensivos.
¿Será esto razonable y proporcionado a las circunstancias? No. Por encima de la economía están los derechos a la vida y a la salud. No lo han entendido, o no lo quieren entender, y el peligro es grande, e infortunadamente, las reglas y políticas al respecto no son claras.
Las autoridades (arts. 2, 5, 68 y 93 de la Constitución, entre otros), están creadas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, salud y derechos, entre ellos los de los niños, que son fundamentales y prevalentes (Art. 44), y el Estado se obliga (Art. 13) a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y a adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, así como a proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, y a sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
El presidente de la República dice que “tenemos que aprender a convivir con el coronavirus”. Pero, aunque es cierto que las personas podemos y debemos asumir actitudes prudentes y cuidadosas, el Estado no puede evadir sus propias responsabilidades, ni estimular las causas de contagio, llevando a las gentes a “conmorir” con el COVID-19.
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