Aunque en Colombia el Presidente parezca el ser supremo de la nación, la Constitución del 91 delimitó sus atribuciones y revalorizó las del Congreso, creando un híbrido político entre el presidencialismo y el parlamentarismo dentro del cual, para decirlo en términos populares, el Presidente propone y el Congreso dispone, y propone también, porque en aquellas materias reservadas a la iniciativa del Gobierno puede introducir las modificaciones que considere pertinentes. Es el caso de la reforma tributaria: si todos los partidos que se declaran en contra se aplicaran en ver cómo mejorarla, cosa buena podría salir del entuerto propuesto por el Gobierno.

Es más: si nominalmente el Presidente es de todos los ciudadanos, ideológicamente es solo del partido que gana la elección. En cambio el Congreso, al conformar una amalgama de todas las tendencias políticas, sí es de todos: “es el alma de la nación”, dice la metáfora. Entonces, si el Congreso es el que propone y dispone al mismo tiempo es, por tanto, el unico responsable de las leyes que expide sobre derechos y deberes de los ciudadanos; las cosas que deben y las que no deben hacer.

Tenemos al canto un ajemplo palpable recién pasado: ¿Alguien cree que el presidente Joe Biden habría podido avanzar tanto y tan rápido en la corrección del rumbo trazado por su antecesor sin la mayoría que su partido obtuvo en el Congreso? El verdadero futuro de Estados Unidos se definió en la segunda vuelta de la elección de Senado en Georgia donde los demócratas ganaron las dos curules que le hacían falta para alcanzar la mitad del Senado (ya habían retenido, en la elección general, la mayoría en la Cámara).

En Colombia, las distintas fuerzas de la oposición,  abierta o condicionada al actual gobierno, tienen propuesto un Pacto Histórico que se identifica con la ecuación 55/86: son los números mágicos en el Senado y la Cámara, respectivamente, para lograr la mitad +1. Pues, si nos dieran a escoger entre Congreso o Presidencia, políticamente, y en función de un cambio de rumbo, resultaría más estratégico el Congreso, no solo en su función propia de legislar sino de ejercer control político sobre el ejecutivo. Es que la Constitución Política de Colombia tiene todos los ingredientes de una democracia plena… que la corrupción de todos los pelambres la tenga desfigurada, es otra cosa.

A contrario sensu, un Gobierno sin Congreso tiende, antes que al consenso, a la vía rápida de la corrupción para lograr las mayorías. Es lo que está pasando en Colombia. Este aserto tiene un referente histórico cuando en el 2006, el entonces presidente Uribe pronunció su famosa frase: “Les voy a pedir a todos los congresistas que mientras no estén en la cárcel, voten”…

Hace 30 años la Constitución del 91 preceptuó el Estado Social de Derecho. El punto de partida lo fijó en el Congreso. Pero los partidos y movimientos políticos, más inclinados al botín burocrático que a favor del pueblo, se disputan con ardor la Presidencia que, a punta de corrupción, hoy eufemísticamente llamada mermelada, desde allí manejan el Congreso.